(Libertad Digital) La denuncia presentada por los dos militantes del PP por detención ilegal y violación de los derechos fundamentales comienza a tener sus primeros frutos. Según informa este miércoles el diario ABC, el juez ha llamado a declarar como imputado al máximo responsable de la Brigada de Información de Madrid, el comisario Ruiz, el mismo que tras ser advertido por un inspector jefe de que en las cintas del incidente con Bono "no se ve nada", ordenó no dudar de la versión del ministro, al señalar que "si el ministro dice que le han pegado, le han pegado".
Este breve diálogo fue revelado por el inspector jefe J.S en su declaración judicial. Este inspector estaba de guardia el día de la manifestación, a la que acudió con dos policías y otro inspector en prácticas. Según declaró, no vio "ninguna agresión y así lo hizo constar en sus diligencias". Dijo que "no había motivos para detener a nadie en opinión de los policías que se encontraban allí". El ministro de Defensa abandonó la manifestación por "una opción personal y si hubiera querido volver –como hizo Rosa Díez–, la Policía estaba en condiciones de haberlo protegido".
Además, en el sumario se ha incluido también como imputado al policía encargado de la secretaría en las diligencias y que en su momento dijo haber tomado declaración a los dos arrestados. Sin embargo, este hecho ha sido negado por los dos militantes del PP que aseguraron que otro agente les hizo las preguntas. El juez habría encontrado también contradicciones entre su declaración y las realizadas por otros de sus compañeros. Según informa ABC, que cita fuentes judiciales, estos imputados prestarán sus respectivas declaraciones el próximo viernes. El jefe superior de Policía, Miguel Ángel Fernández Rancaño, tendrá que acudir al juzgado como testigo al igual que otro policía que formó parte de la seguridad durante la mencionada manifestación y que fue testigo del supuesto incidente.
El pasado lunes, el secretario General del PP de Madrid, Francisco Granados, acusó al Gobierno "de falsificar y destruir pruebas" de este caso para "ocultar la detención ilegal y la vulneración de los derechos de dos miembros del PP de Las Rozas". Según Granados, "en el caso Bono se llevó a cabo una investigación policial que concluyó de inmediato la inexistencia de una agresión". Añadió que "los testimonios de todas la personas que han declarado en el caso, junto con las pruebas aportadas por el vídeo de los hechos, ponen de manifiesto que cuando se ordenó la detención de los afiliados al PP, la policía ya tenía constancia de que no se había producido ningún intento de agresión al ministro de Defensa, pero aún así se llevó a cabo la detención por motivos políticos". Recordó que "los dos policías que se negaron a llevar a cabo esta detención ilegal fueron apartados de inmediato de la investigación y, uno de ellos, incluso, fue cesado de su puesto".