(Libertad Digital) El diario detalla que pese a las amenazas algunos profesores se han negado a ceder a las presiones y están remitiendo escritos de amparo a la Delegación Provincial de Educación y la Fiscalía al entender que esta imposición "vulnera la Constitución Española y el artículo 314 de la Ley Orgánica 10/95, que prohíbe la discriminación por la lengua". Recuerda El Mundo, además, que "el propio Estatuto de autonomía de la comunidad especifica en su artículo tercero que los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas. Otros profesores, en cambio, han recurrido a traductores para que les hagan el trabajo y cumplir con las exigencia de la Xunta de Galicia.
Lo que les exige el Gobierno que preside el socialista Emilio Pérez Touriño es que presenten en gallego un detallado resumen sobre el contenido de su asignatura. Con este documento la Consejería de Educación pretende comprobar si el programa educativo "se ajusta a los decretos donde se recogen los contenidos generales que ha de tener la asignatura". Hasta ahora, el 60 por ciento de los profesores presentaba esta documentación en español.
La Xunta se apoya en su exigencia del gallego en dos decretos del PP. Uno de 1995 imponía el gallego como "única lengua en las relaciones mutuas e internas de las Administraciones territoriales y locales". Sin embargo, la norma fue recurrida por la Asociación Gallega por la Libertad del Idioma (AGLI). La justicia dio la razón a este colectivo y el decreto tuvo que ser modificado.
Fue en 1997 y la modificación llegó en forma de otro decreto: "Las actuaciones administrativas de régimen interno de los centros docentes, tales como actas, comunicados y anuncios, se redactarán, con carácter general, en gallego". Ahora el bipartito gallego ha decidido recuperar esta norma que desde entonces había permanecido en el olvido.
Asociaciones cívicas como la AGLI, Coruña Liberal o Vigueses por la Libertad han firmado un comunicado conjunto para denunciar el "creciente acoso de que vienen siendo víctimas por parte de las nuevas autoridades, y de sus correas de transmisión". Como apunta El Mundo, el texto destaca "que la pinza tiene dos palancas: la Inspección, que está llevando a cabo una normalización forzosa, y las organizaciones sociales que profesan como ideología el totalitarismo lingüístico, que tratan de erradicar el español para relegarlo a la intimidad o al uso privado, siguiendo los modelos catalán y vasco que relegaron al exilio a miles de docentes".