(Libertad Digital-Víctor Gago) El congreso de la Asociación de Fiscales ha ratificado la línea de censura al fiscal general del Estado por "su política de nombramientos" en la carrera profesional y por los "cambios de criterio" en casos como la excarcelación de De Juana o la retirada de cargos contra Otegi, según resumió Guillermo García-Panasco, en declaraciones a LD.
El plenario del congreso profesional votó por primera vez una petición de dimisión de Cándido Conde Pumpido, y lo hizo por aplastante mayoría de 160 votos favorables a la salida del fiscal nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, frente a sólo dos en contra.
La respuesta de Conde Pumpido no se hizo esperar, ya que asistió –al igual que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo– al XVI Congreso de la AF, celebrado durante el pasado fin de semana en la isla canaria de Fuerteventura.
El fiscal del Estado descartó la dimisión solicitada por la asociación mayoritaria de fiscales. "Lo lleva con espíritu olímpico", concedió García-Panasco, que también reconoció en Conde Pumpido su "tolerancia a las críticas que se le hacían", algunas de ellas muy duras, aunque no nuevas para el FGE.
Las críticas de la Asociación de Fiscales se remontan a los primeros nombramientos de Conde Pumpido al frente de los resortes de confianza y decisión del Ministerio Fiscal.
La promoción de fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción –una institución que está resultando clave en el acoso policial y judicial a cargos públicos del PP implicados en supuestos casos de corrupción–, la destitución de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional y otros ceses y nombramientos han marcado hitos en la oposición de la AF a Conde Pumpido.
El Fiscal General explicó a los miembros de la carrera que su política de nombramientos "ha seguido principios de reequilibrio, sintonía con las directrices de una institución esencialmente jerárquica y lealtad personal", según evoca Guillermo García-Panasco del paso de Conde Pumpido por el Congreso de la AF.
Para los funcionarios, sin embargo, "es inevitable que la aplicación de estos principios en la política de nombramientos lleve a que determinadas actuaciones de fiscales sean interpretadas bajo un prisma ideológico y no jurídico, lo cual es letal para la institución del Ministerio Público", ha advertido el presidente de la AF, en declaraciones a este diario.
El otro foco de discrepancia que ha llevado al plenario del Congreso de la AF a pedir –prácticamente, aclamar– el pasado fin de semana la dimisión de Conde Pumpido son "los cambios de criterio" de la Fiscalía en casos muy significados por su relación con el diálogo del Gobierno y ETA, como la excarcelación de Ignacio de Juana –la Fiscalía fue rebajando sucesivamente sus peticiones de condena por un delito de amenazas terroristas– o la exculpación de Arnaldo Otegi –la Fiscalía retiró los cargos por exaltación del terrorismo, ante el asombro y la impotencia del Tribunal de la Audiencia Nacional–.
"No se puede invocar el respeto a la autonomía y profesionalismo jurídico de las decisiones de jueces y fiscales, si el respeto no empieza por uno mismo hacia la institución que dirige", observa Guillermo García-Panasco, reelegido presidente de la Asociación de Fiscales, una organización profesional con 6 representantes en el Consejo Fiscal –la Asociación Progresista de Fiscales tiene tres, y otros tres son miembros natos y, por su naturaleza, de confianza del Gobierno–.