(Libertad Digital) El Grupo Popular, ha declarado Jaime Ignacio del Burgo en el Parlamento, "no está dispuesto a aceptar un texto escandaloso que confiere a la actividad económica y financiera de los partidos una mayor opacidad y reduce las facultades de fiscalización y control por parte del Tribunal de Cuentas". La nueva ley, decía, es una "oportunidad perdida".
Un decálogo de escándalos con la mirada en Batasuna-ETA
La anterior ley de financiación se encaminó a evitar que los partidos ilegalizados, como las marcas electorales de ETA, recibieran fondos públicos por distintas vías. La nueva ley cambia estas precauciones "por el proceso de claudicación impulsado por el Gobierno" con ETA, señala Del Burgo, e "introduce una sustancial mutilación del texto acordado en 2003 para evitar que los partidos ilegales por formar parte del entramado etarra puedan obtener fondos públicos".
El decálogo de "escándalos" de la nueva ley de financiación de partidos incluye, por ejemplo, un aumento del 20 por ciento del dinero destinado a las formaciones políticas para 2008 o que se aseguren aumentos de al menos el IPC "sin tener en cuenta la situación económica del país en cada ejercicio". Tampoco prohíbe a los partidos tener acciones y participaciones en empresas privadas ajenas a la actividad política. Por otro lado, las empresas contratistas con la Administración no podrán hacer donaciones directamente a los partidos políticos, pero sí a las fundaciones creadas por éstos, lo que no ocurría antes. "No cabe mayor hipocresía", dijo Del Burgo en su discurso.
Y se preguntó "cuál es la razón" por la que la mayoría gubernamental se ha opuesto a prohibir que los constructores y promotores de viviendas puedan hacer donaciones a los partidos políticos. "Acaso no es cierto que los protagonistas de los grandes escándalos de corrupción son en muchos casos constructores y promotores de viviendas que buscan fraudulentamente la aprobación de planes de urbanismo, recalificaciones y licencias municipales?", planteaba.
Ibiza y Ciempozuelos, inmunes ante el Tribunal de Cuentas
De todas las agrupaciones de los partidos, las locales se verán exentas de justificarse ante el Tribunal de Cuentas. De este modo, "con la nueva ley la actividad económica de una organización local como la del Partido Socialista de la capital de Ibiza o de Ciempozuelos, por citar alguna de las localidades de moda, quedará inmune al control del Tribunal de Cuentas".
Especialmente gravoso, considera el diputado de UPN, la marca electoral del PP en Navarra, es que se permita a las entidades financieras, como bancos o cajas de ahorro, condonar las deudas a los partidos políticos. De este modo "asuntos tan escabrosos y rayanos en la corrupción como el llamado 'montillazo' y otros similares descubiertos por el Tribunal de Cuentas van a recibir un espaldarazo legal". Así, una persona física o jurídica podrá donar como máximo 100.000 euros anuales. En cambio, un Banco puede beneficiar a un partido con una donación –condonación– de millones de euros y aquí no pasa nada".
También hay "escándalos" más sutiles, como que la nueva ley "impone al Tribunal y a sus funcionarios el más estricto y completo sigilo respecto de datos, informes o antecedentes que afecten a la intimidad de las personas", con lo cual "bastaría con que un partido argumentara desconfianza sobre las garantías de confidencialidad para que la actualización fiscalizadora pudiera quedar afectada por la decisión unilateral del partido y que el Tribunal se vería obligado a aceptar".