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Montilla se suma a la maniobra del Gobierno pidiendo al TC un pleno sobre el PP

Después de que el Constitucional, que debe decidir sobre la legalidad del Estatuto catalán, se limitara a remitir a las partes un escrito de la Abogacía del Estado sobre las presuntas "incoherencias" del recurso del PP, la Generalidad ha decidido pedir al Tribunal un pleno para debatir sobre "la doble vara de medir" de la formación de Rajoy. Lo ha revelado El País, que no ha rectificado su información de este viernes desmentida por el propio Constitucional.

Después de que el Constitucional, que debe decidir sobre la legalidad del Estatuto catalán, se limitara a remitir a las partes un escrito de la Abogacía del Estado sobre las presuntas "incoherencias" del recurso del PP, la Generalidad ha decidido pedir al Tribunal un pleno para debatir sobre "la doble vara de medir" de la formación de Rajoy. Lo ha revelado El País, que no ha rectificado su información de este viernes desmentida por el propio Constitucional.
(Libertad Digital) Según El País, la Generalidad ha decidido pedir al TC un pleno que debata sobre el recurso del PP contra el Estatuto catalán. Se suma así a la frustrada iniciativa del Gobierno para retrasar el fallo del tribunal sobre la constitucionalidad del texto. A través de la Abogacía del Estado, el Ejecutivo pidió en un escrito que el TC estudiara las "incoherencias" de los populares en materia territorial. El Contitucional indicó que la solicitud se unió, "sin más trámites", al resto de actuaciones del tribunal, desmintiendo así al diario de Prisa.
 
El País no rectifica lo publicado este viernes, cuando afirmó a toda página que el Constitucional iba a "analizar" las "incoherencias" del PP frente al Estatuto. En su lugar, destaca que la Generalidad ha decidido "forzar" un pleno del Constitucional que debata sobre el recurso contra el texto catalán presentado por el PP y la actuación del partido en el caso del Estatuto andaluz. El mecanismo que adoptará el Gobierno de Montilla será responder al escrito de la Abogacía del Estado sumándose a su petición de un debate sobre la posición de los populares.
 
Lo hará a pesar de que el Constitucional no requirió a las partes alegaciones sobre el escrito de la Abogacía del Estado, sino que se limitó a remitírselo y sumarlo al resto de documentos en el expediente sobre el recurso del PP. La actuación de la Generalidad se suma así a una estrategia que busca retrasar el fallo del Tribunal sobre la constitucionalidad del texto, que ya ha empezado a ser desarrollado por el gobierno catalán a pesar de que tiene varios recursos pendientes.
 
En la providencia emitida por el Constitucional, que invalidaba las informaciones de El País, se recogía la postura de dos de los magistrados del tribunal, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata. Ambos sostenían que la maniobra gubernamental es "procesalmente extravagante". Rodríguez Zapata fue objeto de otra estrategia para intentar salvar el Estatuto cuando la Generalidad pidió su recusación en respuesta a la que había sufrido Pérez Tremps.

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