L D (EFE) El titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, que coordina la operación, les imputó los delitos de cohecho, prevaricación y falsificación documental por su supuesta implicación en la concesión de permisos de trabajo y de residencia a miembros de la Mafia rusa.
Fuentes jurídicas informaron de que el ex subdelegado tendrá que comparecer cada quince días ante las autoridades judiciales, la misma medida que le ha impuesto a otro de los imputados, Gerardo González Bilbao, funcionario de la Subdelegación del Gobierno.
Los cuatro acusados, detenidos ayer en Barcelona y que han prestado declaración durante unas cinco horas, son, además de Planells, otros dos funcionarios de la Subdelegación -Gerardo González y Carmen Carballada Arias- y Víctor Ambiela Montón, a quien el Fiscal Anticorrupción lo identificó como trabajador del Consulado de Rusia en Barcelona, vinculación que no consta al Ministerio de Exteriores.
Tanto Víctor Ambiela, quien como responsable de una asociación para la adopción de niños rusos, argumentó su abogado, visitaba regularmente el Consulado de Rusia, como Carmen Carballada Arias, funcionaria de la Subdelegación del Gobierno, quedaron en libertad sin medidas cautelares.
Planells, que ha sido el último en ser interrogado y ha comparecido ante el juez durante algo más de una hora, fue cesado de su cargo de director de Administración de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que ocupó tras dejar su puesto como subdelegado del Gobierno el pasado 9 de junio, mientras se encontraba en los calabozos de la Audiencia Nacional.
Hubo un quinto detenido ayer en Terrassa (Barcelona), un ciudadano español de origen marroquí, quien tiene conexiones con esta operación, pero no con la investigación que lleva a cabo Andreu y, por ello, no está imputado en la causa, según informaron fuentes jurídicas.
La primera fase de la operación, desarrollada en junio de 2005, se saldó con una treintena de detenidos, la mayoría capos de la mafia que operaban en la costa mediterránea, y en una segunda, con otros nueve arrestados en Madrid y Málaga.
En esta nueva intervención, se trata de averiguar la implicación de Planells y de los otros arrestados en la concesión de permisos de trabajo y de residencia ilegales a miembros de estas mafias que querían establecerse en España.
En concreto, la investigación se centra en la relación que hayan podido tener los detenidos con la organización criminal ruso-georgiana subordinada a Zkhar Kalashov, considerado el máximo responsable de la mafia en su país, que se encuentra en prisión provisional desde mayo de 2006, tras ser extraditado por los Emiratos Árabes.
Fuentes jurídicas informaron de que el ex subdelegado tendrá que comparecer cada quince días ante las autoridades judiciales, la misma medida que le ha impuesto a otro de los imputados, Gerardo González Bilbao, funcionario de la Subdelegación del Gobierno.
Los cuatro acusados, detenidos ayer en Barcelona y que han prestado declaración durante unas cinco horas, son, además de Planells, otros dos funcionarios de la Subdelegación -Gerardo González y Carmen Carballada Arias- y Víctor Ambiela Montón, a quien el Fiscal Anticorrupción lo identificó como trabajador del Consulado de Rusia en Barcelona, vinculación que no consta al Ministerio de Exteriores.
Tanto Víctor Ambiela, quien como responsable de una asociación para la adopción de niños rusos, argumentó su abogado, visitaba regularmente el Consulado de Rusia, como Carmen Carballada Arias, funcionaria de la Subdelegación del Gobierno, quedaron en libertad sin medidas cautelares.
Planells, que ha sido el último en ser interrogado y ha comparecido ante el juez durante algo más de una hora, fue cesado de su cargo de director de Administración de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que ocupó tras dejar su puesto como subdelegado del Gobierno el pasado 9 de junio, mientras se encontraba en los calabozos de la Audiencia Nacional.
Hubo un quinto detenido ayer en Terrassa (Barcelona), un ciudadano español de origen marroquí, quien tiene conexiones con esta operación, pero no con la investigación que lleva a cabo Andreu y, por ello, no está imputado en la causa, según informaron fuentes jurídicas.
La primera fase de la operación, desarrollada en junio de 2005, se saldó con una treintena de detenidos, la mayoría capos de la mafia que operaban en la costa mediterránea, y en una segunda, con otros nueve arrestados en Madrid y Málaga.
En esta nueva intervención, se trata de averiguar la implicación de Planells y de los otros arrestados en la concesión de permisos de trabajo y de residencia ilegales a miembros de estas mafias que querían establecerse en España.
En concreto, la investigación se centra en la relación que hayan podido tener los detenidos con la organización criminal ruso-georgiana subordinada a Zkhar Kalashov, considerado el máximo responsable de la mafia en su país, que se encuentra en prisión provisional desde mayo de 2006, tras ser extraditado por los Emiratos Árabes.