L D (Europa Press) Se trata de devolver al monte "parte" de los 750 millones de euros de riqueza anual que produce, resultante de multiplicar los 75 millones de toneladas de CO2 que absorben al año los montes por el precio de 10 euros por tonelada de dióxido de carbono. Es lo que explicó la secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del PP, Soraya Sáenz de Santamaría en la sede madrileña de la calle Génova. Denuncio, además, que el actual Fondo para el Patrimonio Natural está dotado con una cifra 20 veces inferior a la que propone el PP.
El presupuesto del fondo se repartirá en función de la superficie forestal de las Comunidades Autónomas pero también estará ligado al cumplimiento de objetivos previamente fijados y en ayuda de los más de dos millones de propietarios de montes existentes en España, con el fin de incentivarles a proteger y conservar el monte. También los populares insisten en demandar un centro o una agencia de gestión de las crisis, como órgano de cooperación y colaboración de los efectivos y para el diseño de protocolos de actuación.
"Arrimar el hombro"
Con esta propuesta de construir "en positivo" una política forestal, el PP quiere dar su "apoyo y ayuda" al Gobierno, al PSOE y a todos los grupos políticos, proponiendo también un pacto de Estado sobre las políticas forestales y de prevención de incendios, dijo Sáenz de Santamaría, señalando que se trata de un "programa serio" al que los populares llaman al consenso. "Es el momento de arrimar el hombro y ser constructivos", añadió.
"Proponemos un sistema eficaz en el que el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales puedan coordinarse y cooperar", especificó Santamaría, garantizando que hay competencia estatal para establecer mecanismos de "colaboración necesaria y cooperación voluntaria". Además, defendió que hay que poner el acento en las administraciones responsables más que competentes, puesto que cuando se produce una catástrofe o crisis los ciudadanos quieren que alguien se haga responsable.
Sobre posibles medidas para incrementar las penas de los pirómanos que generan los incendios, la secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del PP adelantó que de cara a su próximo programa electoral en estos delitos como en otros el PP propondrá algún sistema de revisión tanto de las penas como de su cumplimiento en un marco "global, equilibrado y razonable" con la "necesaria reflexión" de una cuestión de esta naturaleza.
Asimismo, el plan de choque propone invertir en tratamientos selvícolas preventivos de incendios, fomentar el aprovechamiento de la biomasa forestal, propiciar la capacitación del personal dedicado a la lucha contra incendios, establecer una directriz general de defensa contra los fuegos forestales en áreas de interfaz urbano-forestal y crear un grupo interautonómico de armonización de métodos de trabajo.
Fomento del uso de herramientas alternativas al fuego, programas de gestión silvopastoral, acciones de formación en nuevas profesionales ligadas al aprovechamiento multifuncional de los montes e impulsar la educación ambiental forestal de los usuarios del bosque son otras políticas preventivas planteadas por los populares. En materia de gestión, abogan por planificación forestal comarcal, procesos de agrupación de propietarios, certificación de las actuaciones sostenibles, promover el uso de la madera como producto renovable y un uso energético de la biomasa forestal.
Además, apuestan por elaborar una estrategia española de bioenergía, un programa de sustitución energética en los edificios, plan de apoyo a las pequeñas empresas de transformación de productos forestales, manejo de hábitats de especies sensibles, la redacción de los planes de gestión de los espacios naturales incluidos en la Red Natura, respaldar una licencia única de caza y pesca, la forestación y reforestación y realizar actuaciones de restauración hidrológico-forestal.
En este sentido, la portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, María Teresa de Lara, señaló que la política contra incendios no debe limitarse a la extinción, sino que ha de ser un "cambio radical y fuerte" con inversiones en materia de prevención para que dentro de entre cinco y diez años no haya que lamentar cada verano las consecuencias de los incendios forestales.
Falta de recursos