L D (Agencias) En este sentido, afirmó también que “el Partido Socialista tiene un grave problema: ha prometido a todos sus socios puestos en el Consejo y ahora no sabe cómo cumplir su compromiso”. Anunció que, en septiembre, el Grupo Popular hará pública una propuesta que respeta de verdad la independencia de la justicia y la pluralidad de jueces y magistrados, ya que, para el portavoz popular “la reforma del Consejo General del Poder Judicial no puede ser una correa de transmisión del Parlamento”.
“El Consejo es el órgano de Gobierno de los jueces y en él debe estar representado el pluralismo existente entre los jueces y respetarse las mayorías que hay entre sus asociaciones”, explicó. Eduardo Zaplana afirmó que “a día de hoy no ha habido una propuesta seria que responda a criterios de independencia y pluralidad por parte del Gobierno y se ha limitado exclusivamente a hacer planteamientos en términos de cuotas con el objetivo de que el PSOE tenga un mayor número de vocales para controlar el Consejo”.
“Si el Gobierno presentase una propuesta de renovación que garantizase la independencia de la Justicia y respetase la pluralidad de los jueces el acuerdo no tardaría ni 24 horas en firmarse” recalcó el Portavoz popular. Eduardo Zaplana recordó, además, que a lo largo de esta legislatura “no ha habido ni una sola institución que en cualquier democracia moderna es independiente a la que el Gobierno no haya tratado de asfixiar y asediar”.
Por eso, el portavoz Popular anunció que “en septiembre va a ser el Grupo Parlamentario Popular quien haga público una propuesta para que quede claro la posición de cada uno”. “En esa propuesta de renovación se respetará la independencia de la justicia, el pluralismo de jueces y Magistrados y es además una propuesta que el Partido Socialista conoce”, aseveró.
Por otro lado, acerca del retraso del fallo del Tribunal Constitucional sobre los recursos sobre la reforma del Estatuto de Cataluña el portavoz popular advirtió que “el Constitucional estaría al borde del descrédito más absoluto si no emite un fallo antes de las próximas elecciones”. “Está en condiciones de hacerlo y es su obligación tanto con el sistema político como con la sociedad española”, concluyó.