LD (Agencias) La política que el Ejecutivo catalán aplica a los reos por delitos sexuales que cumplen condena en sus centros penitenciarios no deja de sorprender. Hace tan sólo dos años, la Generalidad no dudaba en recetar viagra a aquellos violadores con disfunción eréctil que querían mantener encuentros vis à vis durante su condena. Una medida muy diferente a la iniciativa con la que se ha descolgado ahora el departamento de Justicia de la Generalidad. Junto al Tribunal de Justicia de Cataluña ha impulsado una comisión independiente para que estudie la posible aplicación de la castración química a estos reos, en determinados casos graves con riesgo de reincidencia.
La comisión se reunirá el próximo 13 de septiembre, según ha informado a Efe Eduard Ruiz Castañé, vicepresidente de la Fundación Puigvert y miembro del grupo de expertos que integran la comisión, que incluirá la castración química como uno de los muchos temas de debate, debido "al interés público" que suscita. Ruiz Castañé ha recordado la reciente propuesta del presidente francés, Nicolás Sarkozy, que se ha mostrado partidario de la castración química de los delincuentes sexuales reincidentes.
No obstante, fuentes del departamento de Justicia de la Generalidad han precisado a Efe que esta comisión, "y lo que se debata en ella", son independientes del departamento, y que los informes que presenten a la Generalidad "no son vinculantes". Ruiz ha señalado que la intención de la comisión será "abordar este tema desde el punto de vista de los presos reincidentes", ya que, a su juicio, "en algunos casos la privación de la libertad no es suficiente, o los presos se niegan a la rehabilitación psicológica".
El andrólogo ha asegurado que "los conocimientos médicos de la castración química son muy amplios en ámbitos como el cáncer de próstata", pero ha admitido que "no está tan claro su papel" en casos de presos reincidentes en delitos sexuales o como medida preventiva de los mismos. Ruiz ha afirmado que muchos presos reincidentes "tienen un problema de comportamiento, no de hormonas", aunque en algunos casos "la castración química les puede ayudar".
Sin embargo, el vicepresidente de la Fundación Puigvert ha reconocido que es una situación complicada, que tiene "una parte legislativa, psicológica y hormonal", ya que "la legislación deberá variar para los presos que se nieguen a ser tratados".
El pasado 9 de julio, la fiscal jefe del TSJC, Teresa Compte, y la consejera de Justicia, Montserrat Tura, acordaron crear una comisión de expertos presidida por el ex fiscal jefe José María Mena. La función de esta comisión es proponer medidas, especialmente modificaciones legislativas, para evitar la reincidencia de delitos graves, partiendo del análisis de la experiencia de otros países de nuestro entorno.
PP y CiU, a favor
El presidente del PP catalán, Daniel Sirera, se ha mostrado a favor de que una comisión estudie la aplicación de la castración química a violadores. En declaraciones a Efe, Sirera ha afirmado que "es bueno que algún comité médico explore todas las posibilidades", y por otra parte ha pedido reformar el Código Penal para que la pederastia conste explícitamente como delito.
Sirera ha dicho que la castración química es una medida "que la comunidad científica debe estudiar" y que, a partir de ahí, "los políticos hemos de analizar todas las posibilidades y tomar la más oportuna".
Sirera ha dicho que la castración química es una medida "que la comunidad científica debe estudiar" y que, a partir de ahí, "los políticos hemos de analizar todas las posibilidades y tomar la más oportuna".
CiU también se ha mostrado de acuerdo con que se cree la citada comisión. En declaraciones a Efe, la diputada de CiU Núria De Gispert destacó la importancia de "conocer qué es lo que se hace en otros países respecto a les terapias químicas o farmacológicas" con el objetivo, dijo, de "ver si se pueden aplicar o no aquí".
De Gispert hizo hincapié en la posibilidad de modificar la legislación con el objetivo de "establecer medidas post libertad condicional", que, a su juicio, "darían una mayor tranquilidad a la ciudadanía" y permitirían mantener al ex preso bajo control mientras continúe la patología.
A este respecto, la diputada de la federación nacionalista se refirió a "un seguimiento y control telemático o electrónico" del ex preso susceptible de reincidencia, al tiempo que debería existir, agregó, "un control médico para asegurar si su patología continúa o no".
CiU presentó el pasado 25 de mayo en el Parlament una propuesta de resolución en la que proponía un estudio sobre "las medidas que se hayan llevado a cabo en otros países, terapias farmacológicas o químicas, reversibles o no" con el objetivo de combatir la reincidencia de los delincuentes sexuales.
Pese a que la iniciativa ha partido de la Generalidad, no cuenta con el apoyo de dos de sus socios. El secretario general de ICV, Jordi Guillot, afirmó que los ecosocialistas están "radicalmente en contra" de una hipotética introducción de la castración química. Consideró que este tipo de medidas son "demagógicas" y que salen "de la derecha" ante "situaciones graves como las agresiones sexuales". "Ponemos en cuestión su eficacia", aseguró. "No tenemos constancia de que el Gobierno quiera abrir este debate, y si pasase, nuestra respuesta es la que hemos dicho: que estamos radicalmente en contra", proclamó Guillot, quien abogó por "reforzar el control y la vigilancia" sobre estos ex presos, ya que "lo más importante es que puedan hacer daño".
La portavoz adjunta de ERC en el Parlament, Anna Simó, explicó que prefiere la reinserción antes que la castración química, ya que los expertos dicen que "no es del todo efectiva" porque es una cuestión psicosocial y se está tratando desde el punto de vista biológico.
Zapatero, ni se lo plantea
Desde el Gobierno central Zapatero no ocultó su desagrado con esta medida. Preguntado en la rueda de prensa que dio tras su encuentro con el Rey, dijo que "no está en la agenda" del Gobierno español ni se plantea por el momento "este tipo de iniciativas".
En el PP, la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, propuso revisar el Código Penal para que incluya el concepto delictivo de "pederastia" como tal, al tiempo que abogó por aumentar las condenas para los pedófilos reincidentes.