L D (Luis del Pino) El día 13 de marzo de 2004, dos días después de la masacre y un día antes de la cita con las urnas, la Policía detenía en Madrid a cinco personas, tres marroquíes y dos hindúes, acusándoles de estar relacionadas con los autores de la matanza.
En el caso de los tres marroquíes, lo que la Policía les achacaba era que habían vendido las tarjetas telefónicas utilizadas en los móviles de las bombas. En el caso de los hindúes, de lo que se les acusaba era de haber vendido los propios teléfonos móviles y de haberlos liberado.
Ni vender móviles ni vender tarjetas telefónicas es un delito, así que esas detenciones en plena jornada de reflexión estaban completamente injustificadas. Pero el caso de los dos hindúes es, si cabe, más sangrante, porque resulta completamente absurdo que se detenga a unos indios de religión hindú como implicados en una trama de terrorismo islámico.
Pero es que, además, los dos hindúes detenidos ni siquiera habían vendido esos teléfonos que la Policía decía. Quien había vendido los teléfonos, según los datos que la Policía fue recabando, era el hermano de uno de esos hindúes.
Los dos hindúes permanecieron en la cárcel durante varias semanas, hasta que al final fueron puestos en libertad, como no podía ser menos, el 23 de abril de 2004. Pero esa puesta en libertad no fue sencilla. Inicialmente, a los hindúes les asignaron sendos abogados de oficio, que recurrieron la orden de prisión el día 19 de marzo, pero sin ningún éxito: el juez Del Olmo, previa consulta a la fiscal Olga Sánchez, desestimó ese recurso el día 14 de abril, confirmando la orden de prisión para los hindúes.
Sin embargo, durante aquellos días, los hindúes habían logrado contratar a otro abogado, que con fecha 21 de abril presentó ante la Audiencia Nacional un escrito en el que se razonaba por qué era un sinsentido mantener en la cárcel a sus defendidos. En primer lugar, no tenía ningún sentido pensar que unos hindúes estuvieran implicados en una trama islámica. En segundo lugar, vender teléfonos no constituye un delito. En tercer lugar, esos hindúes ni siquiera habían vendido ningún teléfono, sino que había sido el hermano de uno de ellos. Y, en cuarto lugar, el escrito mencionaba que no era posible achacar a los hindúes ninguna mala intención en la liberación de los móviles, puesto que esos móviles habían sido liberados en la tienda del policía Ayman Mausiili Kalaji.
La presentación de ese escrito tuvo un efecto fulminante: el juez Del Olmo, que escasos días antes había rechazado la pretensión de poner en libertad a los hindúes, llamó inmediatamente a declarar al hermano que había vendido, supuestamente, los teléfonos y puso en libertad a los dos hindúes el 23 de abril, sólo dos días después de presentado el escrito.
Pero lo curioso es que ni ese escrito, en donde por primera vez se desvelaba la identidad del policía que había liberado los móviles, ni los dos autos de libertad de los hindúes fueron incorporados a la pieza principal del sumario. El escrito en cuestión no aparece.
No se sabe si el juez Del Olmo ordenó que ese documento fuera llevado a una pieza separada (como sucedió con los dos autos de libertad) o si directamente fue eliminado sin más. Lo cierto es que en la pieza principal del sumario ese escrito no consta, como hubiera sido lo normal.
No sólo eso: el juez Del Olmo tomó mucho más adelante declaración al policía Kalaji y ni siquiera hizo reflejar en la declaración su condición de policía, a pesar de constarle esa condición desde el 21 de abril, fecha de presentación del escrito desaparecido.
Este jueves 20 de septiembre, a las 22.00 horas, estrena temporada en Libertad Digital TV el programa de Luis del Pino 11M, el Juicio.