(Libertad Digital) Libertad Digital, a través de una información directa de Profesionales por la Ética, ha podido conocer algunos ejemplos que ilustran perfectamente la coacción a la que son sometidos alumnos y padres cuando anuncian su decisión de objetar ante una polémica asignatura, Educación para la Ciudadanía (EpC), que conculca sus derechos:
María C., una madre de Jaén, explica que después de comunicar su objeción en el Instituto de Secundaria donde su hijo cursa 3º de la ESO, el primer día de clase, el jefe de estudios la llamó y le dijo que si su hijo no entraba en clase de EpC ella tendría que ir a buscarlo porque en el centro no podía estar. Ante la firme postura de María, defendiendo su derecho a objetar, el chico permaneció en el pasillo mientras la Junta de Andalucía acosaba a la madre solicitándole que acreditara "la representación legal de su hijo". Una situación surrealista teniendo en cuenta que su hijo tiene 13 años y no ha dejado de estar a su lado desde que nació.
En Barcelona, un grupo de padres ha recibido notificación de la Generalidad de Cataluña "desestimando" sus escritos de objeción de conciencia.
En Toledo, provincia con más de 4.000 objetores, los padres también han recibido escritos de la Junta de Castilla-La Mancha rechazando la comunicación de los padres relativa a la objeción, acción que está siendo recurrida. Hay que recordar que sobre Ángel Felpeto, delegado de Educación en Toledo, existe una querella criminal (que ya ha sido admitida a trámite) por obstaculizar los derechos fundamentales de los objetores.
Un derecho recogido en la Constitución y amparado por la jurisprudencia
José Luis Bazán, Doctor en Derecho y responsable de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, puntualiza que "el derecho a la objeción de conciencia no lo concede la Junta de Andalucía, ni la de Castilla-La Mancha ni la Generalidad de Cataluña" sino que está "recogido en la Constitución y amparado por la jurisprudencia nacional e internacional y es la expresión de la voluntad de los padres".
Bazán no ha desconectado su teléfono móvil desde la primera semana de septiembre. Ante una llamada de petición de ayuda de padres objetores pone en marcha la "Operación Defensiva" con la colaboración de una treintena de abogados, que desde todos los lugares de España, trabajan desinteresadamente a favor de los derechos fundamentales de padres y madres.
El mensaje es claro: "si es Vd. Funcionario, que sepa que está violando la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común, conculcando los derechos constitucionales de los padres, amparados por la Carta Magna y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional además de otras sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía". Bazán, también, recuerda que la vigente Ley Orgánica (LOE) obliga al director del centro a mediar en la resolución de conflictos y a impulsar la colaboración de las familias.
Por su parte, Leonor Tamayo, coordinadora de Redes Locales de Objetores de Conciencia de Educación para la Ciudadanía, explica que "la realidad es que en un año se han producido veinte mil objeciones de conciencia. Si esta asignatura permanece, ¿qué Gobierno, Administración, Comunidad Autónoma... puede resistir a la voluntad persistente de los padres?. Estamos ante un movimiento sin precedentes y las coacciones y las amenazas, lejos de amedrentar a los objetores, les animan a seguir en esta singular batalla por la libertad de educación y los derechos fundamentales".