L D (Agencias) El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación marroquí, Taieb Fassi Fihri, subrayó el viernes por la tarde, que el Gobierno marroquí "negará toda explotación política de la justicia española", en respuesta a la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de declararse competente para investigar el genocidio de cientos de saharauis en el que pudieron estar implicados altos cargos durante los años 70, 80 y 90.
"El Gobierno se asombra de la coincidencia de este asunto con los desarrollos positivos sobre el expediente de nuestra integridad territorial en Naciones Unidas y la acogida favorable de la que es objeto la Iniciativa marroquí de autonomía de las provincias del Sur", indicó el ministro, citado por la MAP. Dicha voluntad marroquí, añadió, "contrasta con la intransigencia de los separatistas y su voluntad de impedir el desarrollo del proceso actual de las negociaciones".
Según la agencia de noticias marroquí, Fassi Fihri reiteró la negativa total del Gobierno marroquí contra las "acusaciones infundadas de genocidios presuntos o crímenes contra la humanidad", en palabras de la MAP, y recordó que estas expresiones delimitan conceptos específicos y precisos en materia de derecho internacional humanitario.
Además, el ministro subrayó que ninguna organización internacional o marroquí pro Derechos Humanos ha proferido jamás "tales acusaciones". Del mismo modo, consideró que el objetivo es "dar un eco mediático a las acusaciones". Asimismo, señaló la MAP, el ministro recordó durante su comparecencia, que "los enemigos de la integridad territorial del Reino, sostenidos por asociaciones y diferentes medios", presentaron una querella criminal el pasado 14 de septiembre de 2006 ante la Audiencia Nacional, contra gobernantes y militares marroquíes por su responsabilidad en el genocidio, torturas, detenciones ilegales, secuestros y desapariciones practicado por Marruecos contra el pueblo saharaui.
Agregó el ministro que, tras una reunión de alto nivel entre los Gobiernos marroquí y español en marzo de 2007, la Audiencia Nacional consideró esta querella "extraña e infundada", en palabras de la agencia marroquí, ya que la lista entregada al juez de instrucción español contenía nombres de personas que en el momento de los hechos no habían alcanzado la mayoría de edad. Según Fassi Fihri, esto demuestra una vez más que las acusaciones no tienen ninguna lógica y están orquestadas por "los separatistas y sus cómplices".