(Libertad Digital) Según informa el PP en una nota de prensa, Del Burgo considera que la proposición de Ley aprobada este lunes por la mañana en la Comisión Constitucional supone una “concesión arbitraria de una financiación extraordinaria a casi todos los partidos que en esta legislatura han formado la mayoría parlamentaria”. En esta línea, Del Burgo añade que es “una concesión carente de justificación objetiva, discriminatoria en relación con las demás formaciones políticas democráticas y éticamente reprochable”.
En suma, una “aberración legislativa”, dice Del Burgo, ante la que el PP está estudiando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Para el diputado navarro la principal motivación que lleva al resto partidos a reformar una Ley aprobada en 1998 es “eliminar las garantías establecidas en ella para flexibilizar la prueba de la titularidad de los bienes y derechos incautados”. En este sentido, Del Burgo subrayó que no se puede “quebrantar de forma tan grosera el principio de igualdad ni eliminar las garantías jurídicas que exigen la prueba de la titularidad derecho invocado”. Con esta reforma se persigue, añade Del Burgo, que “en último término sea el Gobierno quien fije de forma arbitraria el importe de las compensaciones a los partidos beneficiarios”.
Del Burgo ha recordado que la Ley de 1998 supuso la reparación de una injusticia histórica y “repugna” que los partidos directamente interesados “se aprovechen de su mayoría en el Parlamento para otorgarse a sí mismos nuevos beneficios económicos”. En su opinión, estos partidos se saltan “a la torera el principio de seguridad jurídica que exige la prueba fehaciente de la titularidad de los bienes y derechos incautados quebrantando tanto el principio de igualdad como el de la interdicción de la arbitrariedad consagrados en nuestra Constitución”.
Por otra parte, Del Burgo ha criticado dos enmiendas transaccionales de este proyecto. La primera pertenece al PNV y al PSOE y tiene que ver con la devolución al primero de un palacete en París, actualmente en propiedad de Estado español y donde reside la sede del Instituto Cervantes. Del Burgo ha aclarado que este inmueble “nunca fue propiedad del Partido Nacionalista Vasco sino del Gobierno vasco en el exilio” y por este motivo, “el Gobierno francés lo entregó al Estado”.
“Nuestro Grupo –ha anunciado Del Burgo- exige al partido que sustenta al Gobierno que diga aquí y ahora si ha pactado la consumación de esta tropelía transaccional y aclare si la presentación de esta enmienda está en relación directa con el apoyo del PNV a la ley de la memoria histórica”.
La otra enmienda se refiere a la exclusión de ANV de la relación de posibles beneficiarios de la reapertura de la Ley de 1998. A pesar de que el PP votará a favor de esta enmienda, Del Burgo ha observado que es más que “discutible desde el punto de vista jurídico”. Para el dirigente popular, el Gobierno y el Grupo Socialista “han caído en su propia trampa” y tratan ahora de evitar el “gran escándalo que supone regalar dinero a un partido que todo el mundo sabe forma parte del entramado de ETA”.