(Libertad Digital) El titular del juzgado número 33 de Madrid, Tomás Martín Gil, envió el pasado 14 de noviembre una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que le solicitaba las actas de las reuniones celebradas el pasado 2 de abril. El juez también le pide que envíe las certificaciones de los acuerdos en ambas reuniones y los informes jurídicos en que basaron su decisión.
Aquella fecha marcó un hito en la lucha entre E.On y los grupos Endesa y Enel por el control de Endesa, así como en el funcionamiento del propio órgano regulador. La concesionaria española y la empresa pública italiana habían estado comprando grandes paquetes de acciones de la eléctrica, algo que la alemana E.On no podía hacer al haber formalizado la OPA sobre la compañía de Manuel Pizarro.
Manuel Conthe, entonces presidente de la institución, entendía que Acciona y Enel habían violado el artículo 60 de la Ley del Mercado de Valores, por lo que pidió al Comité Ejecutivo que aprobase un expediente sancionador a ambas compañías que, a su entender, partían con una ventaja injusta y que, de hecho, al final resultó decisoria. El Comité decidió trasladar la decisión al Consejo, en el cual el Gobierno tiene mucha influencia, ya que nombra directamente a varios de sus miembros. De hecho votaron en contra del expediente a las dos empresas Julio Segura, luego elegido por el Gobierno para sustituir a Manuel Conthe, Carlos Arenillas, vicepresidente y hombre de Miguel Sebastián en la institución, y la directora general del Tesoro, Soledad Núñez, todos nombrados por el Gobierno. También forma parte del Consejo el vicepresidente del Banco de España, José Viñals, así como Soledad Abad y Rosa Rodríguez.
Ahora el juez quiere saber qué postura mantuvo cada uno de los miembros del Consejo y en qué basaron su decisión. Manuel Conthe acusó a la secretaria general del Tesoro, Soledad Núñez, de falta de independencia en su decisión.
La actuación de la CNMV se encuentra sub iudice por la querella presentada por las asociaciones Manos Limpias y España y Libertad, además del Partido Popular, y en la que coinciden en considerar delictiva la actuación de la Oficina Económica de Moncloa, ocupada primero por Miguel Sebastián y luego por David Taguas, así como del vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas.