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EL DECRETO SERÁ FIRMADO POR EL GOBERNADOR

El estado de New Jersey aprueba un proyecto para abolir la pena de muerte

Por 44 votos a favor y 36 en contra, los miembros de la Asamblea del estado de New Jersey (EEUU) han aprobado el proyecto de abolición de la pena de muerte. La iniciativa ha superado así todos los trámites parlamentarios después de que el Senado local, también de mayoría demócrata, respaldara con anterioridad la iniciativa. El último paso corresponde al gobernador Jon Corzine que firmará el decreto en los próximos días.

Por 44 votos a favor y 36 en contra, los miembros de la Asamblea del estado de New Jersey (EEUU) han aprobado el proyecto de abolición de la pena de muerte. La iniciativa ha superado así todos los trámites parlamentarios después de que el Senado local, también de mayoría demócrata, respaldara con anterioridad la iniciativa. El último paso corresponde al gobernador Jon Corzine que firmará el decreto en los próximos días.
LD (EFE) La Asamblea del estado de New Jersey siguió los pasos del Senado, ambos demócratas, y aprobó, con 44 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de abolición de la pena de muerte, que supera así todos los trámites parlamentarios para ser aprobado.
 
El siguiente paso será la firma del texto por parte del gobernador del estado, Jon Corzine, que está previsto que tenga lugar en los próximos días y que convertirá a New Jersey en el primer estado del país en abolir la pena de muerte desde que fue restituida, en 1976.
 
En New Jersey hay ocho convictos en el corredor de la muerte, que, si efectivamente el proyecto se convierte en Ley, verán cómo sus penas se convierten en cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. También hay dos hombres que en 2008 serán juzgados por el asesinato de un matrimonio y sus dos hijas menores y para los que también se pide la pena capital.
 
Corzine aseguró que en "dos o tres días" firmará el proyecto para erradicar una pena que no se ha aplicado en el llamado "Estado Jardín" desde 1963, cuando Ralph J. Hudson, de Atlantic City, fue electrocutado por el asesinato de su esposa. Mantener el castigo tiene un coste para el erario público de unos once millones de dólares al año y, según el proyecto promovido por el asambleísta puertorriqueño Wilfredo Caraballo, ese dinero se destinará ahora a ayudar a familias de las víctimas.
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