L D (EFE) En un comunicado, ACAI denuncia que las inspecciones "abusivas" para encontrar la "mínima deficiencia formal" tienen como objetivo un cierre cautelar de las 31 clínicas que componen la asociación. Además critica que se divulguen datos no contrastados y filtraciones interesadas sobre los tratamiento de residuos, la utilización de medios ilícitos que atentan contra la intimidad de las personas y el "cuestionamiento permanente" de los dictámenes psiquiátricos.
También ha censurado que el Sistema Nacional de Salud haya recurrido a las clínicas privadas para que realicen esta "prestación sanitaria básica" y que luego las persiga. ACAI solicitará encuentros con las consejerías y direcciones generales de Sanidad en las autonomías donde los profesionales "no puedan realizar libremente su trabajo" y donde no se garantice el derecho al aborto.
La asociación ya ha solicitado un encuentro con el Defensor del Pueblo, con el Ministerio de Sanidad y Consumo y con la Fiscalía General del Estado para pedir amparo y protección para estas clínicas y evitar que las mujeres "tengan que abortar en presencia de un juez y con asistencia de su abogado". ACAI se dirigirá asimismo a todos los grupos parlamentarios para aclarar su postura ante una posible reforma de la Ley del Aborto, que debe contemplar los plazos y terminar con la ambigüedad en el abuso de los centros acreditados.
Además, pedirá a la Comunidad de Madrid que finalice la suspensión provisional de la actividad de la clínica Mayrit y que otorgue garantías jurídicas para los profesionales de sus centros.
También ha censurado que el Sistema Nacional de Salud haya recurrido a las clínicas privadas para que realicen esta "prestación sanitaria básica" y que luego las persiga. ACAI solicitará encuentros con las consejerías y direcciones generales de Sanidad en las autonomías donde los profesionales "no puedan realizar libremente su trabajo" y donde no se garantice el derecho al aborto.
La asociación ya ha solicitado un encuentro con el Defensor del Pueblo, con el Ministerio de Sanidad y Consumo y con la Fiscalía General del Estado para pedir amparo y protección para estas clínicas y evitar que las mujeres "tengan que abortar en presencia de un juez y con asistencia de su abogado". ACAI se dirigirá asimismo a todos los grupos parlamentarios para aclarar su postura ante una posible reforma de la Ley del Aborto, que debe contemplar los plazos y terminar con la ambigüedad en el abuso de los centros acreditados.
Además, pedirá a la Comunidad de Madrid que finalice la suspensión provisional de la actividad de la clínica Mayrit y que otorgue garantías jurídicas para los profesionales de sus centros.