(Libertad Digital) La SGAE, que durante estos últimos días está cobrando indemnizaciones de varias compañías, como las de algunas de autobuses escolares, ha encontrado en el Ministerio de Cultura un aliado para que sus cuentas no sean auditadas. El ministerio de César Antonio Molina asegura que es algo que "ya no les corresponde a ellos", ya que tanto Cataluña como el País Vasco recurrieron al Constitucional para obtener la posibilidad de auditar.
El Tribunal aprobó la petición de estas autonomías pero todavía no se ha llevado a la práctica, a pesar de que la ley ha sido modificada en varias ocasiones. Y es ahí donde se escuda el Gobierno para no comprobar si las cuentas de la SGAE son reales.
Los partidos políticos del Parlamento han pedido ya en más de una ocasión que se revisen las cuentas de esta sociedad, ya que la Ley aprobada en 1996 afirmaba que "el Ministerio de Cultura podrá exigir a las entidades de gestión cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus asambleas generales, consejos de administración u órganos análogos".