L D (Agencias) Fuentes consultadas por Europa Press señalaron que la autorización al abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, es preceptiva, es decir, sin ella no podrá interponerse la querella cuya iniciativa corresponde al Gobierno. La Fiscalía, por su parte, no precisa de ningún trámite burocrático previo para actuar.
De acuerdo con esta previsión, si el Consejo de Ministros aprobase mañana viernes esta autorización, las demandas podrían ser interpuestas los primeros días de la semana próxima, según las mismas fuentes. En caso contrario, las iniciativas para evitar que el entorno de ETA concurra a los próximos comicios podrían retrasarse al menos una semana más, en espera de que el Ministerio de Justicia disponga de un informe definitivo que Policía Nacional y Guardia Civil están a punto de concluir, y en el que se incluyen los presuntos vínculos económicos y personales que existen entre la ilegalizada Batasuna-ETA y los partidos PCTV y ANV.
En fuentes jurídicas se señala, sin embargo, que la Fiscalía podría adelantar su demanda sin esperar al informe policial definitivo ni al permiso del abogado del Estado, puesto que ya cuenta con indicios suficientes para interponer la demanda. En este mismo sentido se pronunció el pasado martes la propia Fiscalía, al señalar que ya cuenta con datos suficientes para preparar las demandas de ilegalización en base a investigaciones realizadas una vez se produjeron las elecciones municipales del 27 de mayo.
Como ejemplo de estas pruebas de carácter novedoso, las mismas fuentes se refirieron a la intervención, el pasado sábado, de la alcaldesa de ANV en Hernani, Marian Beitialarrangoitia, quien durante la presentación de candidatos de esta marca proetarra lanzó un mensaje de apoyo a los dos etarras detenidos el pasado día de Reyes Igor Portu y Martín Sarasola. Este hecho se considera como una intervención relevante y como una muestra de apoyo a la banda terrorista que también se tomará en consideración.
En cuanto a los pasos a darlo más procedente, estiman las fuentes consultadas, sería solicitar en primer lugar la demanda de ilegalización ante el Tribunal Supremo y al mismo tiempo pedir la suspensión de actividades al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
No obstante, las fuentes consultadas introducen una tercera vía que consiste en pedir a la Sala del 61 del Tribunal Supremo que como medida cautelar se pida la suspensión tanto de PCTV como de ANV, con el fin de evitar que lleguen las elecciones antes de que exista un pronunciamiento definitivo por parte del alto tribunal.
Con esta suspensión cautelar se evitaría que ambos partidos concurran a las elecciones, de lo contrario, tendrían que recurrir a un proceso de impugnación de candidaturas, un aspecto sobre el que la Fiscalía ya estaría preparada ante la posibilidad de la aparición de agrupaciones de electores.