Los ayuntamientos dicen "no" al canon digital

(Libertad Digital) Varios municipios de España se suman al objetivo de elimiar el denominado canon digital, aprobado por el Gobierno. Según la plataforma Todoscontraelcanon, que aboga por la derogación de esta tasa, "el PSOE se queda sólo en la defensa de un canon indiscriminado e injusto que afecta a los ciudadanos y a los propios consistorios".

 

Los ayuntamientos de Málaga, Santander, León, Molina de Segura, El Torrentí, Totana y El Pedernoso ya han aprobado adherirse a la plataforma todoscontraelcanon.es. Además, otros muchos lo harán en los plenos de febrero. De este modo, “el PSOE se queda sólo en la defensa de un canon indiscriminado e injusto que afecta a los ciudadanos y a los propios consistorios”, según señala la plataforma en un comunicado.

 

Diversos consistorios de España ya han comenzado a sumarse al llamamiento de aprobar en pleno una moción a favor de las tesis mantenidas por la plataforma todoscontraelcanon.es. “Este hecho va a provocar un aumento espectacular de las adhesiones a través de los representantes ciudadanos de las corporaciones municipales lo cual es una muestra evidente del profundo rechazo social que genera esta nueva tasa preventiva, injusta e indiscriminada que se cobra a todos en beneficio de entidades privadas”, señala la entidad.

 

Francisco Salas, concejal de nuevas tecnologías en el Ayuntamiento de Málaga, explicó la adhesión de su grupo a la Plataforma, apoyando a quienes actúan en defensa de toda la ciudadanía, e instará al Gobierno a que proceda a la derogación del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). El texto aprobado subraya que el canon "grava indiscriminadamente" a todos los ciudadanos, "sólo por el hecho de ser sospechosos de poder realizar una copia de una obra sujeta a propiedad intelectual y obliga al propio consistorio a pagar por una actividad, la copia privada, que por ley no puede hacer".

 

Según defendió el concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Santander, Samuel Ruiz, el canon digital "grava indiscriminadamente a todos los ciudadanos, empresas y administraciones públicas, sólo por el hecho de ser sospechosos de poder realizar un copia de una obra sujeta a propiedad intelectual", lo que comparó con que el Gobierno "cobrara multas de tráfico cada vez que se compra un coche".

 

El PSOE se queda sólo y pierde el apoyo de socios de gobierno en las corporaciones municipales cuando se trata de defender esta tasa, que grava todos aquellos soportes y productos tecnológicos susceptibles de poder almacenar y copiar contenidos audiovisuales protegidos por los derechos de propiedad intelectual:  “Es la primera vez que ambos socios de gobierno en el Ayuntamiento de León votan en sentido diferente. El desencadenante ha sido la polémica norma del Gobierno socialista. Leonesistas y populares se unieron ayer en el rechazo al controvertido impuesto sobre los derechos de autor.”

Alternativa

 

En opinión de Miguel Pérez Subías, Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), “en pocos meses donde ahora algunos nos quieren hacer ver -piratas o distribución ilegal- la realidad evidenciará que se trata de oyentes y se darán cuenta que la red es un magnifico canal de difusión y los que hacen negocio estarán encantados de pagar a aquellos cuyos contenidos les permiten ganar dinero con todos nosotros. Al igual que en los primeros tiempos de la radio son los intermediarios, antes agentes ahora entidades de gestión, los que se oponen a un cambio en el que ellos son cada vez menos necesarios.”

 

Mientras, el presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, señaló que la citada plataforma “es un caso de estudio en el plano internacional sobre la influencia de Internet y las redes sociales en las nuevas formas de gobernar. Conseguir más de 50.000 firmas en un sólo día, pasar de 1.360.000 a 2.000.000 en apenas un mes  es algo que Internet lo ha hecho realidad”.

 

La plataforma todoscontraelcanon.es presentó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una alternativa más justa, beneficiosa y respetuosa con los derechos de ciudadanos y creadores, consistente en aplicar el coste del derecho de copia privada sobre la obra que original que lo genera.