L D (Agencias) Garzón adoptó esta decisión después de que el presidente de ANV y los representantes legales de esta formación comparecieran durante más de dos horas en la vista convocada para evaluar la suspensión de actividades de la formación proetarra en virtud del artículo 129 del Código Penal, que fue reclamada tanto por la Fiscalía como por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el colectivo Dignidad y Justicia (DyJ).
En su auto, Garzón explica que los tres imputados y "otros que en su momento se concretarán" han "dispuesto de fondos y cantidades a favor de Batasuna y sus responsables", lo que, según argumenta, justifica su imputación por estos delitos. Según fuentes jurídicas, la imputación de los miembros de ANV constituye el paso previo para la suspensión de actividades de esta formación. En el caso del PCTV, una decena de sus representantes se encuentran imputados desde 2005.
El abogado de ANV, Iñigo Iruin, defendió durante la vista que la suspensión de actividades "no puede adoptarse sin que exista la previa imputación de una persona física", e incluso citó un libro del magistrado de la Sala de lo Penal Fermín Echarri en la que incluye esta condición para que el proceso se desarrolle con plena legalidad.
La fiscal Dolores Delgado solicitó la imputación de los tres miembros de ANV por integración en organización terrorista, al considerar que ANV ha asumido la representación de Batasuna hasta el punto de justificar los actos de ETA. En este sentido, destacó la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre células yihadistas que aplica el delito de pertenencia a quienes "nutren a las organizaciones terroristas". "¿Por qué el terrorismo de ETA va a ser privilegiado frente al terrorismo yihadista?", se preguntó.
En este punto, Iruin polemizó con Delgado y aseguró que el concepto de organización terrorista utilizado por el Ministerio Fiscal supone "un nuevo paso en el vaciamiento progresivo del concepto de organización terrorista", al incorporar "la coincidencia o el nexo ideológico" como elemento determinante para la imputación de este delito.
Para demostrar que ANV justifica las actuaciones de ETA, la fiscal citó como argumentos las manifestaciones de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, en apoyo de los presuntos etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, el comunicado de ANV de Durango en el que calificaba el atentado contra la Casa-Cuartel de la localidad como "una consecuencia del conflicto" y la negativa del grupo municipal de Baracaldo de condenar el atentado contra los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno. Iruin defendió, por su parte, que el Supremo ha sostenido que la no condena de los actos de ETA no es en sí constitutiva de delito.
5000 euros para ETA
Delgado, que solicitó la suspensión de actividades de ANV, el embargo y bloqueo de sus cuentas y la clausura temporal de sus locales, citó la existencia de una financiación común de ANV, PCTV y Batasuna, el hallazgo de facturas de actos de Batasuna pagadas con fondos de ANV y la utilización conjunta de la sede que el PCTV tenía en Usúrbil (Guipúzcoa), en la que incluso se halló un sello aneuvista. Sobre este punto, Iruin aseguró que el cargo de las citadas tarjetas de crédito no supera los 5.000 euros.
El letrado de ANV también defendió como argumento que el informe que la Unidad Central de Información (UCI) de la Policía Nacional elaboró en enero de 2008 sostenía que no se había acreditado ninguna relación entre ANV, Batasuna, KAS, EKIN y el resto de las organizaciones que conforman el entorno de ETA.
Por su parte, la AVT y Dignidad y Justicia respaldaron los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y destacaron los indicios recogidos en los informes policiales que vinculan a ANV con Batasuna y ETA, entre ellos los papeles incautados en octubre de 2004 al etarra Mikel Antza en el que se apuntaba a la posibilidad de que esta formación hiciera uso de las siglas de Batasuna para "soslayar" su ilegalización.
La demanda del Supremo, en transportín
El presidente de ANV, que desechó realizar ningún comentario durante la vista, salió de la Audiencia Nacional con un transportín en el que llevaba tres cajas que contenían la demanda de ilegalización presentada ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía y la Abogacía de Estado.