L D (Luis del Pino) La mañana se inició en Alcalá de Henares, como en toda España, con la noticia de que alguien había hecho estallar una bomba en Atocha. Como todas las emisoras de radio informaron, en el atentado podrían haberse producido decenas de muertos. A medida que pasaban los minutos, el relato del horror iba revelando su verdadera dimensión: no había sido una bomba, sino diez, y esas bombas habían reventado un total de cuatro trenes. El número constatado de víctimas mortales fue incrementándose rápidamente, y toda España supo pronto que se enfrentaba al peor atentado terrorista de su historia: 192 muertos y 1800 heridos.
Los datos que se iban conociendo permitieron comprobar rápidamente que tres de los cuatro trenes atacados habían salido de Alcalá de Henares, mientras que el cuarto, aunque había iniciado su viaje en Guadalajara, también había pasado por la ciudad complutense. Cabía esperar, por tanto, que muchas de las víctimas del atentado fueran vecinos de Alcalá.
Los medios de comunicación locales fueron haciendo acto de presencia en al Ayuntamiento para conseguir información. Allí, la corporación municipal, con el alcalde a la cabeza, empezaba a encarar la situación más difícil de su historia, recabando datos de las autoridades, tratando de valorar el alcance de la tragedia e intentando responder a las consultas de personas que no lograban contactar con sus familiares y temían, en muchos casos con razón, que hubieran podido ser víctimas de aquel terrible atentado.
A las 10:30 de la mañana, Luis del Moral, el presidente de la comunidad de vecinos de la C/ Infantado 5 de Alcalá de Henares, inmueble situado a escasos metros de la tapia de la estación de Renfe, bajó a la calle. Luis del Moral era un ferroviario jubilado, que había trabajado controlando la circulación en la estación de Chamartín.
Al salir del inmueble, el portero Luis Garrudo le comentó que había visto a unos individuos con pinta muy rara alrededor de una furgoneta aparcada justo enfrente del portal. Uno de esos individuos se había dirigido con una mochila hacia la estación. Luis del Moral preguntó al portero si había comunicado el dato a la Policía. El portero le dijo que no.
El presidente de la comunidad de vecinos, viendo que delante de la estación había un coche patrulla, se dirigió entonces hacia él y habló con uno de los policías allí presentes, comentándole la información que le había dado el portero. A eso de las once menos cuarto, los dos primeros coches patrulla se personaban en la C/ Infantado, para inspeccionar la furgoneta, que estaba aparcada al lado de la tapia del colegio Daoiz y Velarde.
La primera inspección ocular no permitió detectar ningún dato sospechoso. De todos modos, y como medida de precaución, la Policía habló con el director del colegio y le sugirió que los niños se tumbaran en el suelo y se protegieran con los pupitres. El director, de acuerdo con los profesores, decidió que no le parecía medida de seguridad suficiente y optó por sacar a todos los alumnos al patio, congregándolos en el punto más alejado de la tapia donde estaba aparcada la furgoneta. Pasaban pocos minutos de las 11 de la mañana.
La llamada
A las once y cuarto de la mañana del 11-M, menos de cuatro horas después de que diez bombas hicieran estallar cuatro trenes repletos de viajeros, en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se recibió una llamada: "Hemos colocado más bombas". Fue una llamada muy corta. El anónimo comunicante, que no tenía ningún acento especial, se limitó a decir que habían depositado sendos artefactos explosivos en el propio Ayuntamiento, en la estación de autobuses y en una notaría y dio un plazo de veinte minutos para desalojar esos edificios.
En aquellos momentos, la Policía se hallaba aún alrededor de la furgoneta Kangoo, sin que nada especial hubiera llamado su atención. Desde las ventanillas delanteras, la parte de carga de la furgoneta parecía vacía: no se veía ningún objeto voluminoso que pudiera ser un artefacto explosivo. De hecho, la primera consulta sobre la furgoneta Kangoo a la base de datos de matrículas de la Policía fue efectuada cinco minutos después de que se recibiera el aviso de bomba en el Ayuntamiento. Concretamente, a las 11:20:22, el funcionario policial con DNI 03107089, destinado en la sala del 091, accedía a dicha base de datos para conocer los detalles sobre esa furgoneta alrededor de la cual se encontraban sus compañeros en Alcalá.
La consulta reveló que la furgoneta aparecía como robada y que su dueño era un ebanista llamado José Garzón Gómez, que tenía un taller en la C/ Aranjuez 14. Cuatro minutos después, a las 11:24, la Policía llamaba por primera vez al dueño de la furgoneta. La llamada se efectuó desde el teléfono de la Comisaría de Alcalá de Henares.
El desalojo
La amenaza de bomba recibida en el Ayuntamiento obligó al desalojo inmediato de los edificios en los que se afirmaba que se habían colocado artefactos explosivos. El anónimo comunicante no había sido demasiado explícito en cuánto a la notaría a la que se refería, aunque parecía que podía tratarse de la situada en el Edificio Cuatro Caños, en la Plaza de los Mártires. De todos modos, como medida de precaución, se desalojaron también otras dos notarías, además del propio Ayuntamiento y la estación de autobuses. Todos los edificios amenazados se encontraban situados en el eje que une la Plaza de Cervantes con la estación de autobuses, pasando por la C/ Libreros y la Plaza de los Mártires.
Centenares de personas tuvieron que ser evacuadas, a pesar de lo cual el desalojo se produjo rápidamente, y las unidades policiales se desplazaron hasta los edificios amenazados para revisarlos y descartar que hubiera ningún artefacto. En el Edificio Cuatro Caños, las personas que allí se encontraban tardaron más de una hora en poder volver a sus puestos de trabajo.
Delante del Ayuntamiento tenía lugar en esos momentos una concentración que Comisiones Obreras había convocado con anterioridad al 11-M, para protestar por un conflicto laboral en una empresa. Al producirse el ataque terrorista contra los trenes, los convocantes habían decidido mantener la concentración, pero cambiando el lema. Un puñado de personas sostenía en un extremo de la Plaza de Cervantes, donde está situado el Ayuntamiento, una pancarta improvisada en la que podía leerse: "CC.OO. en contra de todo el terrorismo".
El desalojo del propio Ayuntamiento hizo que a las puertas del mismo se improvisara, en torno a las 11:30, otra pequeña concentración, a la que también se unieron los manifestantes de Comisiones Obreras. Los gritos de "Todos unidos contra el terrorismo" y "ETA asesina" se sucedían entre los congregados. El alcalde, mientras tanto, seguía las noticias que le iban comunicando acerca de la revisión de los otros edificios y acerca de la existencia de un vehículo sospechoso delante del colegio Daoiz y Velarde.
Poco después de las doce, terminada ya la revisión del Ayuntamiento sin que hubiera podido detectarse ningún artefacto explosivo, los funcionarios municipales volvían a sus puestos de trabajo y el alcalde reunía a los medios de comunicación allí congregados para hacer balance de la situación.
Bartolomé González, el alcalde de la ciudad complutense, les dio cuenta de las medidas que se estaban tomando en Madrid para trasladar a las víctimas a IFEMA, constituida en improvisada morgue; les habló de la concentración oficial que tendría lugar a las 13:00 delante del Ayuntamiento, en respuesta al llamamiento efectuado por la Federación Española de Municipios, que había animado a concentrarse a esa hora delante de todos los ayuntamientos de España; y les habló también de las amenazas de bomba recibidas, de los desalojos efectuados y de cómo la operadora telefónica estaba indagando para averiguar desde dónde se había efectuado aquella llamada al Ayuntamiento anunciando la colocación de más artefactos explosivos. Finalmente, el alcalde les comentó que en todos los edificios la situación había vuelto a la normalidad, salvo en el colegio Daoiz y Velarde, donde la alarma continuaba.
Todos los medios de comunicación se desplazaron entonces al colegio. Y la atención de toda España pasaría a centrarse, a partir de ese momento, en aquella furgoneta en la que nadie vio nada en la mañana del 11-M y en donde, sin embargo, al ser llevada al complejo policial de Canillas, aparecerían una cinta coránica, unos detonadores y un resto de explosivo. La versión oficial había comenzado su andadura.
El punto más elevado del mapa corresponde a la calle Infantado, donde se encontró la Kangoo. Abajo, de izquierda a derecha, la plaza de Cervantes donde está el Ayuntamiento; la calle Libreros a la altura de la Plaza de Mártires y la avenida Guadalajara, donde distintos edificios tuvieron que ser desalojados por un aviso de colocación de varias bombas.
¿Quién pudo hacer la llamada?
En cuanto a aquella amenaza de bomba, el episodio no fue ni siquiera recogido en el sumario del 11-M. Ni tampoco, curiosamente, en ningún medio de comunicación nacional. Sólo los medios locales de Alcalá de Henares harían mención, en sus ediciones del día siguiente, de aquel hecho que había obligado a desalojar cinco edificios en el centro de la ciudad y que había exigido la movilización de un número considerable de efectivos policiales. Durante aquellos días de histeria colectiva, nadie nos informó a los españoles de que alguien había llamado a anunciar la colocación de más bombas en Alcalá de Henares, coincidiendo con la aparición de la furgoneta Kangoo.
Tampoco llegó a determinarse nunca desde dónde se había efectuado aquella llamada, ni quién la hizo. O, por lo menos, nadie informó jamás del resultado de las averiguaciones al Ayuntamiento ni al juez Del Olmo. ¿Por qué no se consideró esa amenaza lo suficientemente relevante como para incluirla en el sumario del 11-M?
El hecho de que fuera una falsa alarma, el hecho de que aquellos edificios fueran revisados sin que pudiera encontrarse ningún artefacto explosivo, no justifica que el episodio entero fuera omitido del sumario y ocultado a la opinión pública.
Porque cabe la posibilidad, por supuesto, de que aquella llamada fuera realizada por un loco o por un gracioso. Teóricamente, no podemos descartar que a un loco se le ocurra llamar tres horas después del mayor ataque terrorista de nuestra historia, no para autoinculparse del atentado, sino para anunciar la colocación de más bombas. Y podemos atribuir a una simple casualidad que a ese loco se le ocurra llamar precisamente al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y coincidiendo con la hora a la que apareció la furgoneta Kangoo.
Pero también es posible, y bastante más probable, que no se tratara de la llamada de ningún loco. Y en ese caso nos quedan otras dos posibilidades. La primera es que fueran los propios responsables de la colocación de las bombas quienes efectuaran esa llamada, cosa harto improbable, porque nada ganarían con esa amenaza que luego se demostraría falsa. La tercera opción es que alguien efectuara aquella llamada con alguna intención determinada.
¿Se trataba, por ejemplo, de crear la psicosis necesaria y atraer la atención sobre Alcalá de Henares y sobre esa furgoneta que tan relevante papel jugaría después, alejando nuestra vista de los propios trenes que poco más tarde comenzarían a ser desguazados? ¿Se trataba, por el contrario, de distraer efectivos policiales de la Comisaría de Alcalá o de la Policía Local, alejándolos de la furgoneta Kangoo y centrándolos en la inspección de los edificios amenazados? ¿Se trataba de dejar constancia de esa llamada como parte de algún plan de emergencia, en caso de que la versión oficial no terminara de consolidarse en aquellas primeras horas? No lo sabemos.
Más furgonetas sospechosas
¿Por qué la atención de los medios y de la opinión pública se centró tan rápidamente en aquella furgoneta y no en uno cualquiera de las decenas de otros vehículos sospechosos que fueron revisados por funcionarios policiales en aquellas primeras horas después del atentado? Por ejemplo, sólo en Alcalá se produjeron otras dos denuncias de presencia de furgonetas sospechosas aquella mañana, una a las 12:06 y otra a las 13:25. Evidentemente, una cinta coránica, unos detonadores y un resto de cartucho de dinamita son suficientes para atraer la atención de cualquiera precisamente hacia la furgoneta Kangoo, pero ¿por qué la atención estaba puesta sobre la furgoneta horas antes de que esas supuestas pruebas aparecieran? ¿Jugaron en eso un papel aquellas amenazas de bomba?
Antes de producirse la llamada al Ayuntamiento, nadie había considerado oportuno ordenar el desalojo del colegio en cuya tapia estaba aparcada aquella furgoneta sospechosa. No había ningún dato que hiciera suponer que podía existir un peligro físico real. Pero las amenazas de bomba dirigidas contra el Ayuntamiento, contra la estación de autobuses y contra una notaría transformaron la situación delante del colegio Daoiz y Velarde en puro pánico. Las familias de los alumnos acudieron en tropel para llevarse a sus hijos y la Policía ordenó el desalojo de aquel colegio mientras los medios de comunicación, que se habían desplazado desde el Ayuntamiento, comenzaban a congregarse y a narrar en directo lo que se iba viviendo alrededor de esa furgoneta que había de cambiar el rumbo de las investigaciones y el estado de una opinión pública que tres días después debía encarar una cita electoral.