(Libertad Digital) Según publica este martes El Correo, la Fiscalía ha solicitado, por primera vez en la historia, que los desórdenes y agresiones (tan habituales en los plenos del País Vasco) sean tratados como un delito de terrorismo y, por lo cual, sean juzgados en la Audiencia Nacional y no en el País Vasco como hasta ahora. Así las cosas, el fiscal ha pedido imputar por terrorismo a los 23 proetarras que atacaron a los parlamentarios del PP Santiago Abascal y Carlos Urquijo en la constitución del Ayuntamiento de Llodio en 2003.
Concretamente, el catorce de junio de dicho año se constituyeron los primeros ayuntamientos sin la presencia del brazo político de ETA (HB y Batasuna). Entonces, en el consistorio de Llodio (que había permanecido bajo el control de los proetarras), se produjeron gravísimos altercados y los radicales llegaron a escupir a los dirigentes populares, además de zarandearles y golpearles.
La Ertzaintza no acudió a protegerles
A pesar de la máxima gravedad de los incidentes, Abascal y Urquijo no obtuvieron la protección de la policía autonómica vasca y únicamente fueron protegidos por agentes municipales y sus escoltas. Por este motivo, después de ser agredidos en el interior del consistorio, volvieron a ser golpeados a la salida del ayuntamiento.
Tras la brutalidad de los actos, el PP presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 2 de Amurrillo. Sin embargo, su querella llegó a ser archivada por entender que "no se había producido ningún delito". La formación recurrió esta decisión ante la Audiencia de Vitoria, donde se ordenó la apertura de una investigación sobre los hechos. Dos años después, en 2005, el juzgado de Amurrillo comenzó a investigar los hechos y a llamar a declarar a los imputados.
Ya en 2006, y según recuerda El Correo, el titular del juzgado procesó a 23 proetarras y a quince de ellos se les atribuyó un delito de atentado en concurso con los delitos de lesiones y dos faltas de lesiones. Además, se les acusó de desórdenes públicos. Contra los ocho restantes, y a pesar de visionar las agresiones, sólo se les acusó de desórdenes. El resultado: penas de uno a tres años de prisión y de tres a seis meses.