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Ayuntamientos y promotores acuden al rescate del sector inmobiliario

La FEMP, junto a sindicatos, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) y la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), han firmado una declaración que persigue alcanzar un Pacto Nacional por la Vivienda.

La FEMP, junto a sindicatos, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) y la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), han firmado una declaración que persigue alcanzar un Pacto Nacional por la Vivienda.
(Libertad Digital) La crisis que atraviesa el sector inmobiliario y de la construcción ha conducido a las principales asociaciones de promotores y constructores a buscar un acuerdo con los sindicatos mayoritarios del sector y con la Federación de Empresarios y Provincias para firmar un documento que sea "el germen de un gran pacto nacional".
 
Ante las dificultades que asedian la promoción inmobiliaria y el sector de la construcción, donde ya ha comenzado la destrucción de empleos, los firmantes dicen perseguir el objetivo de satisfacer el derecho constitucional de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna mediante tres líneas de actuación.
 
Por un lado pretenden el impulso de la construcción de viviendas en todas las modalidades pero haciendo hincapié en las de Protección Oficial. Una medida que, a su entender, promoverá el pleno empleo y activará la economía. Dos aspectos deficitarios en estos momentos, según el sector, y cuya carencia está afectando a muchos municipios tanto en materia de empleo como de promoción económica.
 
También proponen activar una política de vivienda que esté dirigida a los sectores de población más desfavorecidos. En su opinión, estas medidas irían dirigidas a lograr vencer las serias dificultades que sufren estas familias mediante instrumentos económicos financieros y fiscales.
 
Por último, han acordado poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para contribuir a una mejor tramitación administrativa y a unificar los criterios en la aplicación de las normas.
 
Entre los acuerdos a los que han llegado, destaca el ofrecer a los poderes públicos y a todas las instituciones relacionadas con la vivienda, en especial las del sector financiero, que se adhieran al citado manifiesto.
 
Para lograr todos estos objetivos, la FEMP y APCE han comenzado ya a debatir un convenio de colaboración, con cuatro objetivos concretos entre los que destaca la estimulación de la edificación de viviendas protegidas mediante la puesta a disposición de los promotores de suelo a un precio compatible con el máximo de la VPO, la unificación de criterios en la aplicación de las normas sobre el suelo y pedir a los poderes públicos que tomen medidas útiles a estas finalidades.

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