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Pizarro: "La economía no funciona cuando hacer negocios depende de la Administración"

El candidato número dos del PP por Madrid, Manuel Pizarro, afirma que “cuando los empresarios tienen que ir a un despacho para ver qué pasa al día siguiente, mal asunto". Por el contrario, "a nosotros no nos lo tienen que decir, porque el PP no tiene que hacer favores a nadie", advierte. España necesita seguridad jurídica y “normas muy claritas” para poder crecer. Según Pizarro, los “empresarios, a diferencia del PSOE, confían en el PP”.

El candidato número dos del PP por Madrid, Manuel Pizarro, afirma que “cuando los empresarios tienen que ir a un despacho para ver qué pasa al día siguiente, mal asunto". Por el contrario, "a nosotros no nos lo tienen que decir, porque el PP no tiene que hacer favores a nadie", advierte. España necesita seguridad jurídica y “normas muy claritas” para poder crecer. Según Pizarro, los “empresarios, a diferencia del PSOE, confían en el PP”.
(Libertad Digital) “España necesita políticas reformistas que permitan desarrollar libremente a la sociedad civil”. De este modo, el candidato número dos del PP por Madrid, Manuel Pizarro, ha defendido el proyecto popular en materia económica de cara a la próxima legislatura, frente al intervencionismo que ha implantado el PSOE durante los últimos cuatro años.
 
Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Pizarro ha acusado al Gobierno de ir, incluso, más allá, debido a la “política de favores” que existe en la actualidad en España. “Cuando (los empresarios) tienen que ir a un despacho para ver qué pasa al día siguiente, mal asunto", indica. Por el contrario, "a nosotros no nos lo tiene que decir, porque el PP no tiene que hacer favores a nadie", precisa.
 
En este sentido, el ex presidente de Endesa ha prometido “poner unas reglas muy claritas” en materia económica y empresarial para que “las cumpla todo el mundo". Así, Pizarro considera que "hay que acudir al mercado para ganarse la vida todos los días", ya que, "desde luego, las cuentas de resultados de las empresas no se hacen en los despachos, se hacen en la calle", en referencia a las últimas noticias acaecidas en torno a la intervención del Gobierno para acudir en ayuda de algunas empresas inmobiliarias.
 
“Lo realmente grave sería que se hayan producido llamadas de cargos públicos a entidades de crédito” para facilitar préstamos al algunas inmobiliarias, en referencia a la catalana Hábitat.
 
 Según Pizarro, los empresarios confían en el proyecto económico del PP , ya que “están deseando normas muy claritas, un ambiente de administraciones al servicio de los interesados, una Justicia que funcione, y seguridad jurídica". Y es que, "cuando el dinero se hace en las ventanillas de los funcionarios hay una economía que no funcionará nunca".
 
Al mismo tiempo, criticó el aumento del paro registrado el pasado febrero febrero, en cerca de 53.000 personas. Así, el desempleo se eleva hoy a cerca de 2,3 millones de trabajadores, “el peor dato desde 1998”. Desde junio de 2007, se han destruido cerca de 300.000 puestos de trabajo, con la consiguiente subida de prestaciones sociales: “El pasado diciembre fue preciso inyectar en las cuentas de la Seguridad Social hasta 600 millones de euros para el pago del subsidio por desempleo”, advierte.
 
Según la tendencia al alza marcada por el paro en los últimos seis meses, 2008 podría cerrar con la destrucción de, al menos, 600.000 empleos, lo que exigirá un coste en prestaciones por desempleo que podría agotar el actual superávit de la Seguridad Social. Más aún, si se tiene en cuenta que, a su juicio, la economía crecerá en torno al 2,4 por ciento, en consonancia con los análisis efectuados por los principales organismos económicos, tanto nacionales como internacionales, frente a la previsión del 3,1 por ciento del Ejecutivo.
 
El paro acabará con el superávit de la Seguridad Social
 
Tales cifras ponen de relieve un riesgo patente: “El coste del subsidio por desempleo se podría multiplicar hasta los 1.200 millones de euros este año, lo que podrá en peligro el superávit de la Seguridad Social”, tal y como puso de relieve Libertad Digital en cuanto a los previsibles datos de paro que generará la construcción. Así, la Seguridad Social "ya no está equilibrada".
 
Pizarro también denunció que España mantiene un diferencial de inflación con respecto a la UE un 1,2 por ciento superior. Para combatir esta tendencia, el popular defiende la eliminación del canon digital, “eso lo primero”, así como fomentar la competencia.
 
Además, aboga por que los organismos encargados de vigilar los precios y la libre competencia, como la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el sector eléctrico, se ocupen de sus funciones en vez de estar "entretenidos creando campeones nacionales".
 
También ha defendido el mantenimiento de la energía nuclear para asegurar el abastecimiento eléctrico a medio plazo, y abaratar el precio de la energía. Sin embargo, reconoce que para impulsar la producción atómica en España se precisa alcanzar un pacto de Estado, ya que “un eventual cambio de Gobierno podría suponer nuevamente la expropiación de la instalación proyectada”. Y es que, se precisan casi 15 años para culminar la construcción de una nueva planta nuclear.
 
En materia de vivienda, Pizarro aboga por la “total liberalización del suelo y por agilizar al máximo los trámites urbanísticos para que no supongan un encarecimiento adicional”. En este sentido, que “una tercera parte del precio del suelo se deba a los trámites administrativos es una locura". También defiende "fomentar las cuentas claras" en la financiación de los ayuntamientos.
 
Absolución de "los Albertos"
 
Por último, Pizarro no ha querido entrar en la polémica generada en torno a la resolución sobre "los Albertos", pero ha advertido que el Constitucional "no puede estar por encima" del Supremo. Ha recordado que el TC no es un tribunal de instancia, sino de garantías constitucionales, y "no está para enmendarle la plana al Supremo".
 
El ex presidente de Endesa ha recalcado que la función del TC no es resolver cuestiones que ya ha decidido el Supremo, sobretodo, dijo, cuando "tiene un atasco tremendo" y sentencias "tan importantes que dictar" como la de los estatutos de autonomía o sobre la Ley de matrimonios "de todo tipo".
 

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