LD (EFE) El argumento utilizado para no sancionar a los jueces y magistrados que firmaron el documento contra un partido político en plena campaña electoral es que "carecen de respuesta disciplinaria en nuestro marco legal". Esta consideración ha sido realizada por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, órgano encargado por el gobierno de los jueces para investigar este hecho.
De este modo, el servicio de inspección propuso este lunes archivar la investigación, que ordenó el pasado 6 de marzo el presidente del CGPJ, Francisco Hernando. El texto se denomibaba Manifiesto por un debate político-criminal racional, y en él se criticaban las propuestas del PP en materia de seguridad. El documento fue apoyado por varios jueces, fiscales, profesores universitarios y abogados.
El posible delito quedaba encuadrado en el artículo 395.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prohíbe a los jueces en activo "tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal".
En este sentido, para el servicio de inspección, firmar un escrito en el que, aun sin citar al PP, se calificaba de "envilecedora" e inconstitucional su propuesta de que los menores de 14 años pudieran ser sancionados penalmente, supone que "han intervenido en el proceso electoral vertiendo su opinión sobre ciertos temas de intrínseco contenido jurídico, pero que también tienen proyección política".
Sin embargo, los firmantes no serán sancionados ya que según ha admitido el mismo servicio de inspección, la conducta analizada "carece de respuesta disciplinaria en nuestro marco legal". Por ello, han pedido archivar la investigación.
El texto fue suscrito por seis asociaciones, entre ellas Jueces para la Democracia (JpD), el Sindicato de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Fiscales, y contaba con la firma particular de más de un centenar de jueces y magistrados, entre ellos la del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez.
El manifiesto también fue firmado por los vocales del CGPJ de la minoría progresista Monserrat Comas y Félix Pantoja y los magistrados del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez y Luciano Varela.