L D (EFE) El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, ratificó que la Fiscalía General "está dispuesta a contribuir desde su competencia para que los secuestrados retornen a sus hogares". En este contexto, el alto cargo ofreció su apoyo al "decreto del Gobierno que da facultades al Presidente de la República para suspender condicionalmente la pena a terroristas pertenecientes a las FARC".
Uribe firmó este decreto el jueves por la noche, en momentos en los que crecía el temor por el estado de salud de la ex candidata presidencial colombo-francesa Íngrid Betancourt, en manos de los terroristas desde el 23 de febrero de 2002. La política está en el grupo de 40 rehenes que las FARC pretenden canjear por medio millar de terroristas presos, incluidos dos extraditados a Estados Unidos.
El decreto permite la puesta en libertad de terroristas sentenciados o condenados incluso por crímenes que no pueden ser amnistiados o indultados, bajo la condición de que no retomen las armas. Además de los cautivos con fines de canje, entre los que hay tres estadounidenses, el decreto tiene alcance sobre los demás secuestrados por las FARC, que el Gobierno calcula en unos 700.
El fiscal Iguarán advirtió de que apoya el decreto "entendiendo que el acuerdo humanitario se da con la entrega de todos los secuestrados".