L D (Agencias) El Consejo General del Poder Judicial inspeccionó el pasado mes de noviembre el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, cuyo titular –Rafael Tirado– mantuvo en libertad al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz, y detectó un "cierto retraso" en el trámite de las ejecuciones de sentencia.
Según explicó a Efe el propio portavoz del CGPJ, Enrique López, el servicio de Inspección llevó a cabo la revisión, incluida en un programa sistemático de visitas a juzgados, y al encontrar "cierto retraso" en el negociado de ejecuciones de sentencia ofreció una serie de recomendaciones al juez y a la secretaria del juzgado.
Entre las recomendaciones se encontraba la supervisión personal de las ejecutorias, una reordenación del personal de dicho negociado y en concreto que la secretaria tuviera un cuidado personal en la documentación de las ordenes de búsqueda y captura y tramitación de recursos.
Además, Inspección ordenó un seguimiento de la cuenta de consignaciones y del negociado de ejecuciones en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, donde no se apreciaron irregularidades como para abrir un expediente, según López.
Según explicó a Efe el propio portavoz del CGPJ, Enrique López, el servicio de Inspección llevó a cabo la revisión, incluida en un programa sistemático de visitas a juzgados, y al encontrar "cierto retraso" en el negociado de ejecuciones de sentencia ofreció una serie de recomendaciones al juez y a la secretaria del juzgado.
Entre las recomendaciones se encontraba la supervisión personal de las ejecutorias, una reordenación del personal de dicho negociado y en concreto que la secretaria tuviera un cuidado personal en la documentación de las ordenes de búsqueda y captura y tramitación de recursos.
Además, Inspección ordenó un seguimiento de la cuenta de consignaciones y del negociado de ejecuciones en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, donde no se apreciaron irregularidades como para abrir un expediente, según López.
A las recomendaciones del organismo, que no se cumplieron a tenor de la situación de libertad en que estaba el sospechoso pese a las dos condenas en firme, se une ahora la información previa ordenada por el CGPJ respecto a la actuación desarrollada por Tirado, encargado de ejecutar la sentencia que condenó al detenido como supuesto autor de la muerte de la niña Mari Luz, Santiago del Valle, por abusos sexuales a su hija de cinco años.
Las denuncias del sector de izquierdas
Tres vocales de la minoría de izquierdas del órgano de gobierno de los jueces, Luis Aguiar, Juan Carlos Campo y Fernando Salinas (vicepresidente del CGPJ) han pedido al presidente, Francisco José Hernando, que convoque de manera "urgente e inmediata" una comisión permanente –que se suele reunir los martes– con la intención de que se aclare lo ocurrido en este caso.
En declaraciones a Efe, Aguiar ha indicado, en contra de lo afirmado por López, que en la revisión del juzgado llevada a cabo en noviembre de 2007 no se detectaron irregularidades. Para Aguiar, este asunto "es suficientemente grave", por lo que junto a Campos y Salinas ha solicitado que comparezca en la comisión permanente el jefe del Servicio de Inspección de este órgano, José María Gil Sáez.
"El jefe de Inspección debe comparecer para exponer las conclusiones y para poder adoptar medidas y deducir responsabilidades", ha concluido Aguiar, quien ha asegurado que "el Consejo está impactado y quiere poner la máquina al máximo rendimiento para ver qué es lo que ha pasado aquí y evitar que pueda repetirse".
Al respecto, el portavoz del CGPJ, Enrique López, ha indicado que este asunto se tratará el próximo martes en una comisión permanente ordinaria y ha hecho hincapié en que hay que dejar trabajar a Inspección "para que cuanto antes haga una propuesta a la comisión disciplinaria". "Inspección, que ha actuado con eficacia, hace un estudio general del estado de los juzgados, nunca puede hacer un control caso a caso", ha recordado.
La reacción del ministerio
Las declaraciones de Aguiar han sido aprovechadas por el secretario de Estado de Justicia en funciones, Julio Pérez, que ha tildado de "anormal" la investigación en una entrevista en la Cadena Ser.
"A mí no me parece normal que se efectúe una inspección y no se detecte una deficiencia en el funcionamiento. Habrá que tener detalles de por qué no se produjo esa detención. Buscaría cualquier adjetivo, excepto el de normal, para calificar la situación", indicó Pérez.
"Si se efectúa una inspección y no se detecta que alguien que debe estar en prisión, no lo está, es una anormalidad, y habrá que investigar por qué se produjo", añadió el secretario de Estado de Justicia.
Julio Pérez se esforzó en recordar que la inspección no depende del Ministerio, sino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Habrá que esperar al resultado de las averiguaciones que el propio Consejo haga. Y, sobre todo, poner mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir", subrayó.
En su opinión, la Justicia española es "francamente mejorable". "Hay algunas cosas que todo el mundo conoce y otras que son estructurales y quizá se ven menos, y que requieren un esfuerzo conjunto de las Administraciones Públicas y también de quienes participan", concluyó.