L D (EFE) La Junta de Jueces de Sevilla ha afirmado que existe el "riesgo cierto" de que se repita un error como el de la puesta en libertad del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, por la sobrecarga de trabajo y porque la sustitución de las bajas se hace de forma "tardía y por personal no cualificado". Según un comunicado, de persistir las actuales carencias, "el margen de error seguirá estando por encima de lo tolerable".
Mientras tanto, la comisión de estudio creada por la Fiscalía a raíz de este caso, que ha celebrado este miércoles su primera reunión, se plantea la unificación de los sistemas telemáticos usados por los Juzgados, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad para que exista una comunicación fluida sobre la situación de los condenados por delitos sexuales.
En un comunicado leído por el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, la Junta de Jueces de instrucción, de lo penal y de vigilancia penitenciaria asegura que mientras persistan las actuales carencias, "el margen de error seguirá estando por encima de lo tolerable para la sociedad a la que servimos". Jiménez Ballester ha afirmado que con el reparto de funciones en un juzgado "no se puede hacer al juez completo responsable de lo que ocurre", ya que es "humana y físicamente imposible que una sola persona controle los miles de asuntos que de él dependen".
Por su parte, el juez de la Audiencia de Sevilla Javier González, que tardó tres años en confirmar la sentencia que condenó por abusos a su hija al detenido por la muerte de Mari Luz, Santiago del Valle, ha lamentado haberse enterado por la prensa de que el Poder Judicial investiga su actuación.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá el próximo lunes con carácter extraordinario para decidir si toma alguna medida contra González y contra el juez de lo penal de Sevilla Rafael Tirado, que condenó a Del Valle a dos años y nueve meses de prisión pero nunca ordenó ejecutar la sentencia.
Por otra parte, la comisión de estudio de la Fiscalía ha acordado solicitar informes a todas las Fiscalías del territorio nacional para conocer los diferentes sistemas informáticos que funcionan actualmente y poder realizar un estudio comparativo sobre los niveles de eficacia de cada aplicación informática. La comisión también pedirá información sobre los sistemas vigentes en Italia y Francia para el seguimiento y control de delincuentes sexuales y ha solicitado a la Generalitat de Cataluña el informe en el que varios expertos proponen aplicar la libertad vigilada y un tratamiento hormonal consentido para reducir el deseo sexual en los casos graves de violadores que hayan cumplido su pena.
Mientras, los vocales de la minoría del CGPJ han retirado su propuesta de reprobación del portavoz de este órgano Enrique López por pedir que se abra el debate sobre la conveniencia de aplicar la cadena perpetua a los delincuentes sexuales al darse por satisfechos con sus explicaciones. López ha asegurado que hizo estas manifestaciones a título personal y no como portavoz del órgano de gobierno de los jueces, que ayer admitió que debe mejorar su sistema de inspección después de no haber detectado irregularidades graves en el Juzgado que condenó a Del Valle.