L D (Europa Press) Así lo anunciaron, a las 19.00 horas, los portavoces de la plataforma sindical en una rueda de prensa celebrada en el Salón de actos del Tribunal Supremo. Según manifestaron, con datos oficiales del recuento, la participación fue de un 61 por ciento del censo -considerablemente menor a la registrada en el referéndum de la semana pasada-, mientras que el rechazo al acuerdo recabó un 40, 83 por ciento de los votos y los funcionarios que votaron a favor de continuar las movilizaciones fue el 38,53 por ciento.
El acuerdo alcanzado ayer supone para los funcionarios de Justicia no transferida un aumento salarial progresivo de 190 euros mensuales hasta julio de 2009, así como una paga única de 480 euros a primeros del año que viene que compense lo no cobrado durante este primer semestre.
A cambio, los funcionarios se comprometen a someterse a medidas de control de cumplimiento del horario de la jornada laboral y adaptarse a las nuevas tecnologías, así como a poner al día el trabajo pendiente tras 60 días de huelga en un plazo de tres meses. Estas horas extras serán de carácter voluntario, serán remuneradas y a ellas se podrán acoger todos los trabajadores que lo deseen.
El modo en el que se ha puesto fin al conflicto ha generado el descontento entre varios representantes sindicales de UGT, que han presentado su dimisión, como el responsable federal de Justicia de UGT, Joaquín Vela, que ha llevado durante los últimos dos meses el peso de la negociación con el Gobierno.
Según fuentes sindicales, Vela ha remitido una carta al secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, en la que, además de comunicar su dimisión, manifiesta que se ha sentido desautorizado por la Comisión Ejecutiva Federal.
A la renuncia de Vela se suman la del responsable de Justicia en Castilla-La Mancha, Vicente Pozuelo, y la del presidente de la Junta de Personal de Justicia en Ciudad Real, Manuel Román, que ha afirmado que su decisión "es lo mínimo" que puede hacer "ante la traición de las cúpulas de UGT y CC.OO.".
Tras poco más de dos meses de huelga, los funcionarios de Justicia no transferida comenzarán mañana a poner al día los juzgados, que se encuentran colapsados, han acumulado miles de actuaciones judiciales y, en algunos casos, han llegado a suspender el cien por cien de los juicios previstos.
Según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la incidencia de la protesta, entre el 4 de febrero y el 7 de marzo, el Registro Civil Central ha sido uno de los más afectados por la huelga, que ha supuesto la paralización del 77,23 por ciento de los expedientes y de un 83,82 por ciento de procedimientos.
A cambio, los funcionarios se comprometen a someterse a medidas de control de cumplimiento del horario de la jornada laboral y adaptarse a las nuevas tecnologías, así como a poner al día el trabajo pendiente tras 60 días de huelga en un plazo de tres meses. Estas horas extras serán de carácter voluntario, serán remuneradas y a ellas se podrán acoger todos los trabajadores que lo deseen.
El modo en el que se ha puesto fin al conflicto ha generado el descontento entre varios representantes sindicales de UGT, que han presentado su dimisión, como el responsable federal de Justicia de UGT, Joaquín Vela, que ha llevado durante los últimos dos meses el peso de la negociación con el Gobierno.
Según fuentes sindicales, Vela ha remitido una carta al secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, en la que, además de comunicar su dimisión, manifiesta que se ha sentido desautorizado por la Comisión Ejecutiva Federal.
A la renuncia de Vela se suman la del responsable de Justicia en Castilla-La Mancha, Vicente Pozuelo, y la del presidente de la Junta de Personal de Justicia en Ciudad Real, Manuel Román, que ha afirmado que su decisión "es lo mínimo" que puede hacer "ante la traición de las cúpulas de UGT y CC.OO.".
Tras poco más de dos meses de huelga, los funcionarios de Justicia no transferida comenzarán mañana a poner al día los juzgados, que se encuentran colapsados, han acumulado miles de actuaciones judiciales y, en algunos casos, han llegado a suspender el cien por cien de los juicios previstos.
Según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la incidencia de la protesta, entre el 4 de febrero y el 7 de marzo, el Registro Civil Central ha sido uno de los más afectados por la huelga, que ha supuesto la paralización del 77,23 por ciento de los expedientes y de un 83,82 por ciento de procedimientos.