LD (Pedro de Tena) Según la propia consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, María José López, los funcionarios andaluces relacionados con el área judicial se sitúan en torno a los 7.000. Sin embargo, en Cataluña, estos funcionarios ascienden a 12.000. O sea, que en Andalucía hay un funcionario judicial por cada 1.149 habitantes mientras que en Cataluña hay un funcionario por cada 603 habitantes. De estar acompasados población y funcionarios judiciales, criterio defendido por el Estatuto de Andalucía para medir las simetrías y asimetrías entre las CC.AA., Andalucía debería tener, de mantenerse los 12.000 funcionarios catalanes, nada menos que 13.339 andaluces, el doble de lo que hoy tiene.
Javier Arenas consideró ayer que hay "una clara responsabilidad de la Junta al no solicitar la ejecución de la sentencia" por pederastia contra Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz. Arenas valoraba así a las declaraciones del presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien el día anterior responsabilizaba del retraso a la hora de ejecutar esa sentencia a "un error personal del juez."En ese sentido, recordó que la comunidad tiene transferidas las competencias de Justicia desde 1997, por lo que, entiende, el presidente andaluz "debe contestar a algunas preguntas" relacionadas con los sucesivos incumplimientos de los plazos para ejecutar las ciudades de la Justicia prometidas desde hace años o sobre la situación en la que se encuentran los medios materiales y personales de la administración judicial en Andalucía. En ese sentido, afirmó que Chaves o "hace un ejercicio de frivolidad" o es el único andaluz que "no se ha enterado" de que en los juzgados de la comunidad falta personal, que no existe un sistema de informatización eficaz y de que hay un "importante atasco" en los procesos judiciales.
Ante esta situación, el presidente del PP-A no descarta solicitar la celebración de un debate general en el Parlamento andaluz para que "se investigue lo que se tenga que investigar". Además, recordó que su partido registró una iniciativa en la Cámara para que el Gobierno andaluz informe sobre este caso, que, en opinión de Arenas, ha generado una gran consternación en la sociedad andaluza y ha evidenciado problemas en el correcto funcionamiento de la administración de justicia en la comunidad.
Andalucía debería tener 17 juzgados de lo Penal más para equipararse a Cataluña, que tiene 65 con un millón menos de habitantes.
Andalucía debería tener 17 juzgados de lo Penal más para equipararse a Cataluña. En su conjunto, Cataluña cuenta con 65 órganos penales, ocho más que Andalucía aunque Andalucía tiene un millón de habitantes más que Cataluña. Estos son los datos del Consejo General del Poder Judicial y vuelven a subrayar las diferencias discrminatorias entre territorios en España.
La provincia de Barcelona tiene nada menos que 48 órganos judiciales de lo Penal. La provincia de Málaga sólo tiene 10, cinco veces menos. La provincia de Sevilla tiene 13 juzgados de lo Penal, cuatro veces menos. Si se atendiera a un criterio objetivo, como el de población, la provincia de Málaga debería contar con 13 juzgados de lo Penal si Barcelona mantiene sus 48. En el caso de Sevilla y según el mismo criterio, debería contar con 16 juzgados de lo Penal de mantener Barcelona los 48 ya mencionados.
Si estimamos la población andaluza en su conjunto y la contrastamos con la catalana, por simple regla de tres, se llega a la conclusión de que si a una población catalana cifrada por el INE para 2008 en 7.238.051 habitantes corresponden 65 órganos penales, a la población andaluza, fijada por el INE en 8.046.131 habitantes debería corresponder la cantidad de 72 juzgados de lo Penal, es decir, 17 más de lo que actualmente tiene.
¿Cómo extrañarnos del colapso judicial y la falta de medios que soportan los juzgados andaluces que ha con el caso del presunto asesino de Mari Luz.?