L D (Agencias) El varapalo judicial contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) ha aumentado imparablemente las objeciones de conciencia, que ya suman, según Profesionales por la Ética, 30.000 en toda España. Según la últimas estimaciones de este colectivo, en Cataluña unos 1.200 padres que temían presentarlas para evitar que suspendieran el curso a sus hijos ya han ejercido este derecho.
Unos 1.200 padres catalanes han presentado objeciones de conciencia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), según las últimas estimaciones de Profesionales por la Ética, que afirma que ya hay 30.000 familias que se han declarado contrarias a la materia en España.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de esta asociación en Cataluña, Ramón Novella, explicó que probablemente se incremente el número de objetores con motivo de la segunda sentencia favorable a unos padres contra que su hijo estudiase EpC que se conoció esta semana. "Es, sin duda, un apoyo claro a nuestro derecho a escoger sobre la educación de nuestros hijos", celebró.
La última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) responde a un caso de unos padres de Málaga, mientras que la anterior, también del TSJA, daba la razón a otra familia de Huelva. En Cataluña, sin embargo, hasta ahora todas las decisiones del alto tribunal catalán han sido desfavorables a los objetores.
Según Novella, lo más importante de la nueva resolución es que da la razón a unos padres antes de que su hijo curse EpC. "Es un cambio muy importante", aseguró, ya que permite a los padres decidir "desde cualquier momento, y no sólo en el mismo curso", si quieren que su hijo estudie esta materia.
Para Novella, esto animará a presentar nuevas objeciones de conciencia contra EpC a padres que temían presentarlas en el mismo curso -tercero de la ESO en Cataluña- para evitar las "amenazas" de que les suspenderían el curso a sus hijos. "Es un paso adelante clave", aseguró.
Sin embargo, admitió que en Cataluña siguen enfrentándose a una situación "más complicada" que en Andalucía, por lo que consideró que el "único futuro" que tienen los litigios abiertos es "llegar al Tribunal Supremo (TS)". "Sabemos que la lucha es larga y más difícil que en otras comunidades, pero lo hacemos por la educación de nuestros hijos", manifestó.