Queridos amigos:
Quiero, antes de nada, agradecer a la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) su amable invitación para poder intervenir en este 8º Congreso Mundial de Educación, rodeado de ponentes y congresistas de excepcional prestigio.
Especialmente, es para mí un honor compartir mesa con Mauricio Rojas, un genuino liberal, defensor en la teoría y en la práctica de la libertad y del pluralismo, y cuyas ideas nos han servido de inspiración en incontables ocasiones.
El pluralismo ideológico, cultural o filosófico de la España actual responde al modelo de “sociedad abierta” que defendemos los liberales, los que creemos que los individuos, las familias, las empresas, las fundaciones y, en definitiva, la sociedad, no deben encontrarse con ninguna traba a la hora de crear, enseñar, aprender e innovar.
Encontramos ese pluralismo en muchos ámbitos de la vida privada (las creencias, el origen, la raza, la orientación sexual) y de la vida pública.
En una sociedad libre, los individuos podemos elegir dónde trabajamos, dónde vivimos y dónde comemos, qué hacer con nuestros ahorros, o qué vivienda elegir para nuestra familia.
La libertad económica nos permite traducir el pluralismo de la sociedad en un mercado cada vez más diverso, que atienda a un número cada vez mayor de necesidades, realizando grandes inversiones en la innovación tecnológica y en el conocimiento.
Ha llegado el momento de abrir el sistema educativo a ese pluralismo. ¿Acaso no hay aquí en Valencia, en Madrid o en cualquier sociedad libre distintas familias que demandan distintos tipos de educación?
No hablo de poder elegir entre un colegio religioso o un colegio público, hablo de abrir el sistema educativo a todas las demandas de la sociedad, a acabar con décadas de monopolio y uniformidad.
Creo que todas las familias tienen derecho a poder elegir. Y, para eso, las empresas, las fundaciones, las organizaciones religiosas y las administraciones deben poder ofrecer distintos modelos educativos en igualdad de condiciones, que puedan llegar a todos.
Debemos llevar el libre mercado a la educación, pero garantizando la equidad, es decir, minimizando el impacto de las diferencias económicas a la hora de poder elegir.
Todas las familias deben poder elegir entre distintos centros educativos, y no entre distintas redes de centros educativos.
La verdadera libertad educativa es la que permite elegir un centro especializado en las nuevas tecnologías o en las enseñanzas artísticas, en la enseñanza del alemán o del chino, con un ideario laico o religioso, con una filosofía u otra, con distintas asignaturas, distintos proyectos, distintas lenguas vehiculares.
Las familias no demandan dos redes, demandan poder elegir la enseñanza que creen mejor para sus hijos, demandan poder elegir la lengua en la que se educa a sus hijos y demandan más exigencia o más refuerzo, en función de sus necesidades.
Esta libertad ya la tienen algunas familias. Hay familias que pueden permitirse pagar íntegramente el gasto educativo de sus hijos a la vez que pagan, con sus impuestos, un puesto educativo en la red pública o concertada del cual no hacen uso.
Familias que liberan al Estado de una carga y que ven cómo la Administración, en vez de compensar ese doble pago, les excluye de cuanto ofrece al resto de familias.
Pese a todo, hacen el sacrificio. Pero ¿qué pasa con el resto, con la inmensa mayoría de familias? ¿Qué pasa con la España que madruga para ir a trabajar y que apenas tiene para pagar la hipoteca de su casa? Se le dan dos opciones: una red pública, monopolio del Estado, y una red concertada. Y eso sólo en el mejor de los casos.
Esta limitación no sólo disminuye la capacidad de elegir de la inmensa mayoría de familias, sino que priva a una gran mayoría de alumnos de los
beneficios de la competencia entre distintos centros con distintos proyectos educativos.
Recoger los frutos de la libre competencia, de la innovación y de la creatividad, no es posible cuando la Administración garantiza la financiación de las dos redes de centros y cuando la escolarización la hacen los Ayuntamientos.
Se nos acusa a quienes defendemos la libertad de elección de las familias que no pueden pagarse un puesto escolar no subvencionado de atentar contra la educación pública y, consecuentemente, contra los más desfavorecidos.
¿Pero acaso es beneficioso para los alumnos con menos recursos que no
puedan salir de la red pública o que los centros públicos no tengan distintos proyectos educativos?
En un momento en que la educación pública acumula sus peores resultados pese a una inversión económica sin precedentes, alguien debería explicarnos en qué se ayuda a esas familias negándoles el poder elegir.
El monopolio educativo que denuncio no se refiere sólo a las restricciones estatales para elegir centro educativo, sino también a la uniformidad que padece la escuela pública y que se explica por su dependencia de la Administración y por la falta de incentivos e instrumentos de libre competencia.
Con la excepción de la gestión educativa que ha hecho el Gobierno liberal de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, se ha condenado a la educación pública a la uniformidad, a ser una mera extensión de la Administración.
El sistema educativo debe ser un instrumento de movilidad social, que permita a quienes tienen talento pero no dinero llegar todo lo lejos que sus capacidades le permitan. Para ello, necesitamos herramientas que faciliten la movilidad del alumnado, la especialización de los centros educativos, la evaluación, la transparencia y la libre competencia.
Hace falta que la educación pública se desprenda de la burocracia y pueda ser competitiva, y hace falta que todas las familias puedan elegir el centro que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos.
Que los mejores alumnos puedan ir a los mejores centros y no a los que puedan permitirse, a los que estén en su zona geográfica o a los que les asigne la Comisión de Escolarización de un Ayuntamiento.
No propongo privatizar la educación pública. Propongo abrir y flexibilizar el sistema educativo, haciendo el pluralismo accesible a todas las familias. Cuando un centro educativo privado está homologado y tiene demanda suficiente, ¿por qué debe asumir el modelo de gestión de los centros públicos, como impone el sistema de conciertos, para que sus familias puedan escolarizar a sus hijos con dinero público como el resto de las familias?
Lo que estoy proponiendo es que todas las familias, sólo por tener un hijo en edad escolar y con independencia de otras ayudas que puedan recibir en función de su renta, reciban de la Administración una cantidad de dinero que les permita escolarizar a sus hijos en cualquier centro educativo por el que opten, en vez de ser la Administración la que decide qué centros subvencionar y en qué cuantía.
Este sistema fue ideado por el Nobel de Economía Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, y denominado “cheque escolar”. Hoy, lo aplican varios Estados en los Estados Unidos, países como Suecia o Chile y, en España, la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre en la Educación Infantil.
Qué duda cabe de que si todas las familias, con independencia de su renta o ubicación geográfica, pudieran acceder al dinero público que se destina a la educación de sus hijos, habría una mayor libertad, competencia y eficiencia.
Mientras haya centros con un tipo de subvención, otros con otra y otros sin ninguna, estaremos repartiendo a los alumnos en función de su renta,
ya que no se incentiva a la iniciativa privada a instalarse en zonas económicamente deprimidas.
Con el cheque escolar no habría ya “redes de centros”, sino que cada centro tendría un proyecto (científico, artístico, bilingüe, trilingüe…), sin que la escasez de recursos de las familias desincentivara que estos centros llegaran a todos los barrios.
Así, sería posible que centros educativos con distintos proyectos llegaran a más familias de las que hoy podemos imaginar, pues la experiencia demuestra que la libre competencia, que introduciría el cheque escolar, baja los precios, por lo que cada vez más familias podrían acceder a una cada vez mayor oferta educativa.
Si es tan sencillo, si sólo dando un cheque a las familias el Estado puede olvidarse de gestionar miles de colegios públicos y concertados que tiene que administrar ahora, ¿por qué no se hace?
El motivo es político. Ningún partido político ha querido renunciar al control del sistema educativo.
No a un sano control de los resultados de los alumnos, sino al control de los contenidos, de la lengua que se utiliza o de la información que llega a los padres sobre los resultados de sus hijos. Un ejemplo es el de la manipulación de la enseñanza de la Historia allí donde gobierna el nacionalismo, especialmente en Cataluña y en el País Vasco. Otro ejemplo es el de los contenidos claramente ideológicos en algunos libros de texto de “Educación para la Ciudadanía”. Pero no menos importante es la ocultación a la sociedad, a las propias familias, de los desastrosos resultados que ofrecen algunos centros.
Si exceptuamos la experiencia de Madrid, la verdad es que los dos partidos nacionales defienden la dualidad pública‐concertada y, por ende, el control estatal de ambos modelos de enseñanza, siendo el PSOE más partidario del monopolio único de la pública y el PP más partidario de que la proporción pública concertada sea el reflejo de las demandas de los padres, pero siempre dentro del paraguas del Estado y del subsidio discrecional.
Somos los ciudadanos los que debemos reivindicar la transparencia y la libertad de elegir porque somos nosotros los titulares de los derechos individuales. Difícilmente saldrán de los partidos políticos del “establishment” propuestas como el cheque escolar.
Debe ser la sociedad la que exija esa regeneración, la que exija a los políticos alguna responsabilidad por su fracaso en la gestión del sistema educativo.
Hay padres que se cambian de casa, de trabajo o que fingen separarse para poder elegir el colegio de sus hijos. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Deberá ser la sociedad la que reclame estas reformas regeneracionistas. Las familias, las que reclamen el cheque escolar.
Los militantes de los partidos políticos, los que reivindiquen que de una vez por todas haya elecciones primarias para elegir a sus candidatos.
Los ciudadanos, los que exijan listas electorales abiertas, y un largo etcétera.
Las circunstancias para hablar en serio de implantar el cheque escolar en España no podrían ser más propicias.
Por un lado, el último informe educativo de la OCDE, PISA 2006, concluye que seguimos por debajo de la media del mundo desarrollado y bajando y que la enseñanza pública está 20 puntos por debajo de la privada.
Y, por el otro, la escuela se convierte cada vez más en un instrumento político. Es decir, que el sistema educativo es cada vez menos eficiente enseñando y, simultáneamente, amplía cada vez más los ámbitos en los que pretende actuar (educación cívica, educación en valores, medioambiental, sexual…).
Además, el contexto económico inflacionista hace cada vez más difícil para las familias llegar a fin de mes. Las familias deberían reparar en el gasto gubernamental que soportan, a fin de que reivindiquen menor presión fiscal, lo que conlleva introducir la libre competencia en la enorme red de centros educativos subvencionados.
Si aportamos algo de libertad, de competencia y de transparencia, estaremos estimulando a la iniciativa privada a instalarse en zonas desfavorecidas, ofreciendo puestos escolares a precio de cheque escolar, lo que reduciría el gasto público y mejoraría los resultados, especialmente de quienes tienen menos recursos.
La explicación es que la eficiencia que logra la libre competencia permitiría a la iniciativa privada obtener beneficios económicos cobrando el puesto escolar a precio del cheque, favoreciendo así que se instale en zonas donde no llega con el sistema actual, y dando a estas familias un instrumento que les permita exigir más calidad.
El cheque escolar no pretende ayudar a los centros educativos, ni darles estabilidad ni seguridad.
Pretende ayudar a las familias que, sin ese cheque, jamás podrían exigir y elegir distintos proyectos educativos.
Pretende igualar a pobres y a ricos a la hora de elegir colegio. Pretende, en definitiva, que los centros se tomen tan en serio la educación de los pobres como la de los ricos.
¿Cómo implantar el cheque escolar sin tener que alterar el sistema de financiación de los centros públicos y concertados a corto plazo, y sin tener
que alterar el régimen laboral de sus profesores?
Propongo que se ensaye una fórmula intermedia, preferentemente en una zona económicamente desfavorecida para hacer así indiscutibles sus beneficios y acabar con la demagogia de quienes defienden el duopolio.
El sistema que he ideado consistiría en lo siguiente:
1. Todos los alumnos recibirían un documento llamado “cheque escolar” a principios de curso.
No se trataría de un cheque con una cuantía determinada que se pudiera hacer efectiva en un banco, sino que con ese cheque, los alumnos podrían ir a un centro sostenido con fondos públicos (público o privado concertado) o a un centro privado no concertado.
2. Los alumnos que vayan a un centro sostenido con fondos públicos intercambiarían el cheque por un puesto escolar gratuito. Los alumnos que fueran a un centro privado, canjearán el cheque en el centro por el coste medio de un puesto escolar sostenido con fondos públicos.
3. Las familias podrían, en cualquier momento, retirar su cheque del centro donde cursen estudios sus hijos para llevarlo a otro centro, donde se canjearía por un puesto escolar gratuito o por el equivalente en efectivo.
Esta medida se complementaría con una factura exclusivamente informativa a través de la cual la Administración detallaría a los padres el coste que le supone al erario público la parte subvencionada de dicho puesto escolar.
Sería también necesaria una prueba externa de evaluación de los alumnos. Dicha prueba haría públicos los resultados educativos de cada centro, proporcionando a las familias y al conjunto del mercado educativo la información suficiente para poder elegir.
Es, también, un derecho de los contribuyentes conocer la eficacia y el coste de cada puesto escolar que subvencionamos.
Naturalmente sería más sencillo empezar por las etapas educativas donde no hay enseñanzas privadas concertadas, como sería el caso del Bachillerato o como se ha hecho en Madrid con la Educación Infantil.
Estas serían las consecuencias de este sistema de transición:
• Todos los alumnos recibirían el cheque escolar y todas las familias sentirían un mayor protagonismo en la elección del centro, pues podrían en cualquier momento recuperar su cheque y optar por otro centro.
• La enseñanza privada encontraría incentivos para abrir colegios en zonas desfavorecidas sin tener que optar por el concierto, que impone
unas exigencias muchas veces imposibles de cumplir.
• Un gran número de colegios privados concertados renunciaría al concierto
voluntariamente y recuperaría su autonomía, lo que supondrá un ahorro para la Administración.
• Los centros educativos tenderían a especializarse en proyectos educativos
diversificados.
• Ninguna familia pagaría dos veces por la educación de sus hijos y todas verían aumentada su capacidad de elección de centro.
En cualquier caso, este sistema mixto sería una solución para introducir libertad y competitividad a corto plazo, sin alterar el sistema de financiación pública de los centros actualmente subvencionados.
Pero a largo plazo, todos los centros deberían financiarse exclusivamente a través de la demanda de los padres, sin subvenciones del Estado encaminadas a distorsionar la demanda educativa de las familias.
Y el primer paso para lograrlo sería que los futuros colegios públicos se diseñen, desde el punto de vista legal y laboral, para que su financiación pueda depender de la demanda de las familias y no que sean extensiones de la Administración, burocráticas y difíciles de reformar.
En definitiva, lo que propongo es mayor libertad, mayor transparencia, mayor pluralismo, mayor diversidad y mayor competencia.
No defiendo a la enseñanza pública frente a la enseñanza concertada, al catalán frente al castellano, a la Formación Profesional frente a la
Universidad, a la educación laica frente a la religiosa.
Simplemente pido mecanismos, como el cheque escolar o las evaluaciones transparentes, que permitan que el sistema educativo español rompa
con el actual sistema de monopolios y sea el reflejo de una España abierta y plural de la que podemos sentirnos orgullosos.
Muchas gracias.