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El Gobierno vasco prohíbe los actos para celebrar la fundación de Herri Batasuna en Durango

El departamento de Interior del Gobierno Vasco comunicó la prohibición de los actos en conmemoración del 30 aniversario de la fundación de Herri Batasuna, previstos para el sábado en Durango (Vizcaya), después de la petición de la Audiencia Nacional de prohibir el homenaje planeado por los proetarras de ANV. Mientras, este viernes el juez Baltasar Garzón citó a la alcaldesa de Mondragón por estimar que ha incumplido la orden de suspensión de actividades que pesa sobre la formación.

El departamento de Interior del Gobierno Vasco comunicó la prohibición de los actos en conmemoración del 30 aniversario de la fundación de Herri Batasuna, previstos para el sábado en Durango (Vizcaya), después de la petición de la Audiencia Nacional de prohibir el homenaje planeado por los proetarras de ANV. Mientras, este viernes el juez Baltasar Garzón citó a la alcaldesa de Mondragón por estimar que ha incumplido la orden de suspensión de actividades que pesa sobre la formación.
L D (EFE) Según un comunicado del departamento de Interior, uno de estos actos prohibidos tiene prevista su celebración en la Feria de Muestras de Durango el sábado a las 17:30 horas, mientras el otro es de una manifestación previa. El departamento de Interior remitió la tarde del viernes sendas resoluciones a los convocantes de los dos actos previstos informándoles, no obstante, de la prohibición de los mismos.

En las resoluciones remitidas, ha explicado el departamento de Interior, se les informa de la prohibición de los dos actos en cumplimiento de los sucesivos pronunciamientos de la Audiencia Nacional, en los que se decreta la suspensión de actividades y la ilegalización de Herri Batasuna.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al juez Fernando Andreu la prohibición de esos actos de Batasuna en Durango (Vizcaya) para conmemorar el 30 aniversario de la creación de la formación ilegalizada, al considerar que puede suponer un delito de enaltecimiento del terrorismo. Fuentes jurídicas han explicado que la iniciativa de la Fiscalía se produjo después de recibir un informe de la Ertzaintza en el que daban cuenta de la convocatoria de este acto y de las personas detrás de su organización.
 
Igualmente, el parlamentario vasco del PP Carlos Urquijo exigió al consejero de Interior, Javier Balza, la orden de prohibición del acto convocado "por la suspendida ANV". En su nota de prensa, Urquijo afirmó que ANV no podía convocar acto alguno porque el juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional suspendió sus actividades el pasado 8 de febrero, algo que, según matizó, Balza conocía.

"Es evidente, por tanto, que este acto, tanto por su naturaleza como por su contenido, no puede celebrarse", añadió. Urquijo ha instado a Balza a que la Ertzaintza "esté vigilante, como policía judicial, para prohibir e impedir su desarrollo"."La Ertzaintza dispone del auto  y tiene la obligación de impedir cualquier acto público o privado de este partido actuando como policía judicial".
 
Citación a la alcaldesa
 
Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón citó a la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro, por estimar que con sus últimas actuaciones, incluido el pleno del jueves en su Ayuntamiento, ha incumplido la suspensión de actividades de la formación.

Fuentes jurídicas han añadido que Garzón tomará declaración a Galparsoro el miércoles 30 como imputada por un posible delito de desobediencia a la autoridad judicial y por quebrantamiento de las medidas cautelares impuestas a los miembros de ANV en el auto de suspensión, dictado por el magistrado el 8 de febrero, en el que el juez prohibió a los miembros de ANV convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público o asistir a los mismos con carácter orgánico directa o indirectamente.

No obstante, la resolución también advertía de que la suspensión no afectaba a "las actividades que como personas individuales y titulares exclusivos de los correspondientes escaños puedan ostentar personas integradas" en la formación, que mantienen sus puestos en los Ayuntamientos.

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