LD (M. Llamas) David Taguas, ex director de la Oficina Económica de Moncloa, protegerá los intereses de la patronal que agrupa a las grandes constructoras de España (Seopan) en pleno derrumbe de la industria del ladrillo. Taguas fue uno de los principales interlocutores entre el Gobierno y el sector inmobiliario al inicio de la crisis, cuando se negoció el paquete de medidas de apoyo a esta actividad, entre las que se encuentran los préstamos blandos del ICO y el aumento de gasto público en infraestructuras.
La patronal de grandes constructoras Seopan nombró hoy nuevo presidente a David Taguas, ex director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. Seopan agrupa a 33 compañías, entre ellas las seis grandes cotizadas (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr Vallehermoso y OHL), cuya producción representó el 7,1 por ciento del PIB en 2007 y ocupó a 420.000 trabajadores.
El ex director económico del presidente asume este nuevo cargo en medio de la crisis que actualmente atraviesa el sector de la construcción, derivada del parón registrado en la promoción de viviendas. De hecho, será el encargado de negociar directamente con el Gobierno uno de los mayores rescates económicos de la historia de la democracia española, a cargo de fondos públicos.
Su nombramiento se produce después de que el Ejecutivo anunciara su intención de acelerar la inversión pública en infraestructuras con el fin de compensar el descenso en la edificación de pisos. Tras el estallido de la crisis subprime el pasado verano, el mercado inmobiliario español entró de lleno en una crisis de financiación y de venta de inmuebles en el que aún sigue inmerso. Desde entonces, representantes de inmobiliarias y constructoras negociaron directamente con la Oficina Económica de Moncloa con el objetivo de solicitar ayudas para atenuar su delicada situación.
Negociando el rescate inmobiliario
El Gobierno negó, por activa y por pasiva, algunas de las informaciones publicadas en prensa relativas a una posible concesión de ayudas públicas al sector. Sobre todo, en relación a la creación de una línea de créditos blandos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sin embargo, las gestiones con Moncloa surtieron efecto. Desde entonces, el Gobierno ha aprobado un amplio plan de rescate destinado, específicamente, al sector inmobiliario.
No sólo mediante un aumento del gasto público previsto en infraestructuras, sino también a través de una línea de financiación pública aprobada por el ICO, que posiblemente ascienda a cerca de 10.000 millones de euros. Por el momento, el Ejecutivo ha aprobado una partida de 5.000 millones vinculados a la adquisición y promoción de vivienda pública (VPO).
Taguas será ahora el encargado de representar al sector de la construcción ante el Gobierno y, por lo tanto, defender sus intereses en un momento de contracción económica y severa restricción de financiación.
De hecho, ante la actual coyuntura, y con el fin de mantener el ritmo inversor de la obra pública, Seopan ha solicitado al Ejecutivo una inyección extra de 21.300 millones de euros (5.325 millones al año) entre 2009 y 2012, a fin de mantener la tasa actual de inversión pública en infraestructuras.
El rescate keynesiano que reclama un sector en crisis
Las seis grandes constructoras cotizadas reclamaron al Ejecutivo que impulse la inversión en grandes obras públicas de infraestructuras para que el sector de la construcción aguante ante la actual crisis que atraviesa la promoción de viviendas, subsector que representa alrededor de un tercio de la actividad total.
"Si el subsector de la edificación residencial cae, es preciso impulsar de forma decidida los otros tres que integran el conjunto de la actividad constructora, esto es, la obra civil, la edificación no residencial y la rehabilitación", según recomendó ayer el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, durante la celebración de un foro sobre el sector.
De igual forma, el presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, tras solicitar una defensa de la imagen de España y de su economía en el exterior para recuperar la inversión extranjera, solicitó al Gobierno más inversión en obra pública, "sacando del baúl de los recuerdos" viejos proyectos que aún considera necesario construir y medidas que, ante todo, eviten el desempleo.
En el mismo sentido insistió el consejero delegado de FCC, Baldomero Falcones. En opinión del primer ejecutivo del grupo controlado por Esther Koplowitz, es precio abordar la actual crisis como "un ajuste ordenado, basado en el desarrollo de nuevas infraestructuras y obras de rehabilitación. "Si la demanda privada cae, debe ser compensada con demanda pública de infraestructuras", consideró, para después instar a fórmulas imaginativas de financiación de las mismas para evitar la actual crisis de liquidez.
Además, las compañías de esta asociación han pedido al Gobierno que cuente en mayor medida con el capital privado para ejecutar todo tipo de infraestructuras para suplir así las restricciones presupuestarias y el descenso de fondos europeos, tal como ayer mismo recordó el vicepresidente de la patronal, Julián Núñez, durante su intervención en un foro del sector.