L D (Agencias) Su nombramiento lo acordó el pasado viernes el Consejo de Ministros, a propuesta de Mariano Fernández Bermejo. Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y director de la Fundación Pluralismo y Convivencia del Ministerio de Justicia desde su fundación, José María Contreras mantiene una excelente relación con las confesiones minoritarias con las que el Estado tiene firmados convenios de colaboración.
Entre ellas se encuentra la Junta Islámica, que pidió el apoyo a Zapatero para las generales, hecho que no provocó críticas desde el Ejecutivo, y que recibió en 2007 subvenciones por valor de 100.000 euros. Desde la misma Fundación, también se colaboró con el proyecto "Descubrir el Islam", de la editorial SM, con una aportación de 42.000 euros.
Contreras ha centrado su actividad investigadora en el campo de la tutela y promoción del derecho de libertad de conciencia y, en los últimos años, en el estudio de los derechos de las minorías y grupos vulnerables. Según recuerda Efe, se trata de un defensor acérrimo de que las confesiones religiosas y creencias reciban un trato similar, y de la aconfesionalidad y laicidad del Estado.
Fruto de esta preocupación son la publicación de numerosos trabajos y monografías, como "La igualdad y la libertad religiosa en las relaciones de trabajo", "La enseñanza de la religión católica en el sistema educativo", "Laicidad del Estado y asistencia religiosa en centros docentes", "Las Naciones Unidas y la protección de las minorías religiosas", y el más reciente, "Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas".
En este último trabajo, se abordó un asunto ahora de plena actualidad tras su paso por el Congreso, el de la permanencia de elementos religiosos en actos institucionales como la toma de posesión de ministros o en las aulas. Escrito en colaboración con Óscar Celadón, mantiene que la regla general debe ser la prohibición de símbolos religiosos en las manifestaciones institucionales o en los actos organizados por los poderes públicos, y la excepción su presencia cuando se acredite su carácter cultural.
En relación con la presencia de símbolos religiosos en centros públicos consideran que debe entenderse, en principio, y salvo excepciones concretas, "contraria a los principios constitucionales en la materia". Porque supone entre otras razones, explican, "una inequívoca voluntad del Estado de poner a la religión simbolizada en centro de la vida pública, como verdad absoluta, sin el respeto debido al papel que otras experiencias religiosas o filosóficas desempeñan en la sociedad".
Posturas como estas dan nuevas claves de cuál puede ser la dirección del Gobierno en materia religiosa durante esta legislatura.