L D (EFE) En una nota de prensa, el Alto Tribunal explica que, tras el relato hecho este lunes por Casas, el pleno le ha agradecido "la transparencia de su comunicación" y le ha reiterado su confianza.
El magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, se ha desmarcado de la posición mantenida por sus nueve compañeros. Éste magistrado ha emitido un comunicado aparte en el que explica que ha declinado pronunciarse sobre las explicaciones de Casas "porque considera que con arreglo a la propia jurisprudencia del Tribunal ello supondría una toma de postura que le contaminaría en el futuro ante eventuales actuaciones que exigieran un pronunciamiento jurisdiccional o gubernativo" del Constitucional.
Los otros nueve magistrados, por su parte, expresan a Casas su opinión de que ni ella ni el Tribunal "deben sentirse afectados en sus respectivas legitimidades para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas".
Además, manifiestan su decisión de continuar "con normalidad" el estudio y la resolución de los asuntos que en este momento tienen en su agenda, entre los que se encuentran los recursos contra el Estatuto de Cataluña.
Los otros nueve magistrados, por su parte, expresan a Casas su opinión de que ni ella ni el Tribunal "deben sentirse afectados en sus respectivas legitimidades para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas".
Además, manifiestan su decisión de continuar "con normalidad" el estudio y la resolución de los asuntos que en este momento tienen en su agenda, entre los que se encuentran los recursos contra el Estatuto de Cataluña.
La conversación sobre la que Casas ha dado hoy explicaciones tuvo lugar en abril 2007 entre la presidenta y una abogada, Dolores Martín, que decía sufrir malos tratos y que su hija padecía abusos sexuales, a instancias de una conocida de ambas, que pidió a la magistrada que estudiara el caso. Casas llamó a esta mujer sin saber que era abogada y sin conocer que tenía el teléfono intervenido por la Guardia Civil al ser sospechosa del asesinato de su ex marido.
Según desveló El Mundo, la conversación entre ambas trató sobre el divorcio de la abogada y sobre dos denuncias por malos tratos. Todos ellos, resueltos en los juzgados por lo que la presidenta del TC le aconsejó: "No sé si ya se le ha pasado el tiempo para ir en recurso de amparo frente a esas decisiones judiciales, pero siempre podrá provocar usted, su abogado lo sabe, alguna nueva actuación judicial que le permita llegar al TC en amapro".
Casas le da a Dolores Martín los teléfonos de dos abogadas especialistas en malos tratos y le dice: "No le puedo ayudar, lo siento mucho no poder hacerlo, pero yo espero que a través de esta vía...Usted si quiere me vuelve a llamar, por su puesto, pero que a través de esta vía tenga alguna ayuda, eh, porque lo hacen muy bien". Y añade: "Si alguna vez va a amparo [al Constitucional] ya me vuelve a llamar, pero creo que éstas [las abogadas] son las personas indicadas".
La conversación fue grabada por la Policía a instancias de una juez de Valdemoro (Madrid) que investigaba el asesinato y remitida al Tribunal Supremo por si de la actuación de Casas se podía derivar alguna responsabilidad penal. El pasado jueves, el Supremo archivó el procedimiento, al estimar que la presidenta del Constitucional no asesoró de ningún modo a su interlocutora.
En un auto, el Alto Tribunal estimó que los comentarios de Casas en esa conversación "se ajustan sin dificultad a los módulos de adecuación social generalmente admitidos". Cerrada la vía penal por la inexistencia de delito, los compañeros de Casas han recordado hoy que el pleno del Constitucional es el "único órgano constitucionalmente competente para la valoración de los comportamientos institucionales de sus miembros".
En un auto, el Alto Tribunal estimó que los comentarios de Casas en esa conversación "se ajustan sin dificultad a los módulos de adecuación social generalmente admitidos". Cerrada la vía penal por la inexistencia de delito, los compañeros de Casas han recordado hoy que el pleno del Constitucional es el "único órgano constitucionalmente competente para la valoración de los comportamientos institucionales de sus miembros".