L D (Agencias) Según el juez, está acreditado que ambas recibieron sendas cartas entre los años 2003 y 2005 en la que se les pedía en un primer momento 120.000 euros y de forma posterior 30.000 euros. Las dos hermanas –María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz– negociaron una rebaja de hasta 6.000 euros, cantidad que finalmente pagaron, explica el juez en su auto.
El juez basó su decisión en la existencia de una carta de agradecimiento remitida a las imputadas por ETA una vez efectuados los pagos. El magistrado detectó términos que no son habituales en la extorsión a empresarios. En la carta se les da las gracias debido a que con esta financiación han contribuido "a la libertad de Euskal Herria" y se les anima a que en el futuro sigan realizando aportaciones económicas.
La misiva, firmada por la organización terrorista, fue localizada en el registro de la pequeña vivienda de Burdeos que ocupaban el supuesto número uno de ETA, Francisco Javier López Peña, "Thierry", y los también terroristas Ainhoa Ozaeta, Igor Suberbiola y Jon Salaberria, que fueron detenidos en Burdeos el pasado 10 de mayo.
En ella se transmite a las dos imputadas que la banda terrorista ha recibido "su aportación económica de 6.000 euros" y se les agradece "la aportación realizada por la libertad de Euskal Herria". Tras destacar "su patriotismo", les anima a que "en el futuro sigan realizando aportaciones económicas al proceso de liberación con el convencimiento de que tienen la vía para ponerse en contacto con la organización para realizar cualquier aportación o tratar cualquier otro asunto que pueda ayudar en la lucha de liberación de Euskal Herria".
Proximidad ideológica
Garzón considera que el contenido de la misiva demuestra, por una parte, la proximidad ideológica de las dos hermanas a ETA y por otra, que disponían de la "vía para continuar colaborando" con la banda terrorista. Especifica que el pago se realizó entre abril de 2005 y 2008. Este último año es el que figura en la misiva en la que se confirma la recepción de los fondos.
Añade que "no existe constancia del alcance intimidatorio de las dos cartas para determinar la incidencia de las mismas en el ánimo de las detenidas". Garzón indica además que su decisión intenta evitar que las dos hermanas incurran en una "reiteración delictiva con una organización criminal que utilizando esos fondos acaba con la vida de las personas, agrede a su integridad, les priva de la libertad, les coacciona y amenaza y causa estragos, incendios y daños en bienes y personas". Destaca también la existencia de riesgo de fuga.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tomó declaración a las dos detenidas en el marco de la causa en la que investiga la extorsión a empresarios, en la que se encuentran imputados, entre otros, el dueño del bar "Faisán" de Irún, Joseba Elosúa, y el dirigente del PNV Gorka Agirre.