Admitida a trámite una querella contra la SGAE por "apropiación indebida" del canon

(Libertad Digital) El pasado 19 de junio, un Juzgado de Instrucción de Madrid ha dictado un auto admitiendo a trámite una querella por apropiación indebida del canon interpuesta por autores socios de la SGAE contra el Consejo de Dirección de la entidad.

 

Los hechos en que se basa la querella fueron descritos por el Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia en su resolución firme del 31 de mayo de 2007, en la que se determina “probado” que las entidades SGAE, AIE, AISGE, EGEDA y DAMA perdonaron a la industria deudora del canon los importes hasta el año 2003 y desde entonces le han aplicado una rebaja, según denuncian los socios díscolos de la SGAE.

 

En 2003, y tras varias denuncias por parte de las entidades de gestión en contra de los fabricantes de CD y DVD nacionales, los autores pactan con la patronal tecnológica Asimelec el pago del canon sobre dichos soportes digitales. De este modo, la polémica compensación por copia privada comienza a aplicarse sobre productos digitales, y no sólo analógicos (como casetes y cintas VHS).

 

Tras un denuncia, el Tribunal de Defensa de la Competencia consideró probado el pasado año que dichas entidades de gestión perdonaron a la industria el pago de dicho canon hasta 2003 y que, desde entonces, han aplicado rebajas. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entonces se debió a la presión judicial ejercida por las entidades para aplicar el canon sobre las ventas de CD y DVD.

 

En este sentido, se acumulaban demandas multimillonarias que, de resultar favorables a los autores, supondría la quiebra de múltiples compañías. Por ello, durante la negociación las partes acordaron no aplicar la tasa con carácter retroactivo.

 

La querella argumenta  que, según la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), el canon es “irrenunciable” para sus titulares, los autores. “Si un autor no puede renunciar a su derecho, mucho menos pueden hacerlo sus empleados”.

 

 

En diciembre de 2007, los querellantes enviaron una carta por conducto legal al Presidente de la SGAE, José Luis Borau, preguntándole quiénes eran las personas que, concretamente, habían tomado la  decisión. Dado que desde entonces no ha habido ninguna actuación por parte de la SGAE, los autores decidieron acudir a la vía judicial contra sus gestores para defender sus derechos.

 

Los querellantes argumentan que “de los hechos pudiera revelarse la responsabilidad subsidiaria del Estado, puesto que ni el Gobierno central ni los de las Comunidades Autónomas” controlan a las entidades de gestión de derechos de autor, “lo que permite que ningún organismo del Estado haya realizado actividad alguna ante unos hechos relatados por el Tribunal de Defensa de la Competencia”. En este sentido, el Juzgado de Instrucción de Madrid que ha admitido a trámite la denuncia declara que tales hechos pueden ser “constitutivos de delito”.

 

“En la actualidad, las auditorías de las entidades de gestión no entran a analizar la clave del reparto del canon, que se basa en un muestreo secreto, lo que constituye otra asignatura política pendiente en defensa de los autores y, fundamentalmente, en la defensa de los autores mayores de 65 años que son los más necesitados de una legal y eficaz gestión”