LD (EFE) En nombre de la mayoría, el juez Antonin Scalia argumentó que la historia del país apoya el derecho de los individuos a poseer y portar armas, incluso antes de que se adoptara la Segunda Enmienda, en 1791.
La Constitución de EEUU no dice en ningún caso que se prohíbe "de forma absoluta la tenencia y uso de pistolas para la defensa personal en casa", continuó Scalia.
La máxima corte también anuló el requisito establecido en Washington de que las armas de fuego tengan seguros que las bloqueen.
La enmienda reza, textualmente, que "siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas".
Para los magistrados, el meollo de este caso era si la Segunda Enmienda protege el derecho de todo estadounidense a tener armas, sin importar los motivos, o si ese derecho está vinculado con el servicio dentro de una milicia estatal ordenada.
Se trata del primer pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo sobre el derecho a llevar armas, asunto que enfrentó a partidarios de las dos posturas, que se manifestaron en las escalinatas de la sede de esa corte.
En una de las leyes más estrictas del país sobre este asunto, el Distrito de Columbia prohibió en 1976 la posesión de armas de bajo calibre. Según las autoridades de la capital estadounidense, la restricción de la tenencia de armas ha contribuido a reducir la delincuencia.
Paul Helmke, de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas, afirmó en rueda de prensa que el dictamen del Supremo "limitó los extremos" respecto al control de armas en EEUU, donde cada estado impone sus propias leyes. Aseguró que el dictamen mantendrá "restricciones razonables" respecto al uso de armas.
La decisión de la máxima corte de EEUU deriva del caso presentado por Shelly Parker, una afroamericana y madre soltera del Distrito de Columbia que argumentó que el gobierno local no tenía derecho a prohibirle la tenencia de armas. Parker reside en un barrio muy peligroso de la capital.