LD (Pedro de Tena) Precisamente, uno de esos gerentes, el representante del PES, era Pedro López, ahora en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros e imputado de los presuntos delitos de cohecho y malversación por la jueza instructora de la operación Astapa. Que estuviera en el en todo el hecho delictivo Pedro López, pero no Patricia Rojo, del partido del alcalde, es difícil de creer.
Patricia Rojo, abogada y coordinadora de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, declaró como imputada el miércoles y, al parecer, se limitó a echar la culpa de todas las presuntas irregularidades del Consistorio al alcalde, Antonio Barrientos, y a su jefe de Gabinete, José Flores. El alcalde y su jefe de Gabinete fueron detenidos e ingresados en prisión el pasado día 17 por orden de la juez Isabel Conejo. Los dos miembros del PSOE están acusados de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y malversación.
Según la hija del presidente del Senado, Javier Rojo, las reuniones entre Barrientos y Flores eran a puerta cerrada y que por eso ella «no sabía nada». Sin embargo, cuenta este viernes El Mundo que la Policía tiene algunas grabaciones telefónicas de la coordinadora de Urbanismo anteriores a febrero de 2007 donde no está nada claro si realmente «sabía o no sabía nada» sobre los convenios irregulares del Ayuntamiento con empresas inmobiliarias como Valle Romano, principal inculpada en el caso Astapa.
La declaración de Patricia Rojo ante los agentes de la Udyco y de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera) duró unas cuatro horas y media y algunos de los presentes estaban sorprendidos porque daba la impresión que «la abogada se sabía perfectamente todas las preguntas del examen». Los agentes policiales que comenzaron la investigación del caso Astapa disponen en la actualidad de suficiente e importante documentación como para demostrar que la trama de corrupción del Ayuntamiento de Estepona era algo más que «un simple tema de financiación local" y que sus implicaciones pueden llegar a Sevilla.