(Libertad Digital) El Gobierno no se pone de acuerdo en la forma de actuar ante la inminente excarcelación del sanguinario De Juana. Si a primera hora de la mañana, Fernández Bermejo decía que "a veces ocurren cosas que no nos gustan" pero que, pese a ello, "no debemos deslizarnos por la tentación de hacer una ley para cada cosa que no nos guste". Ahora, Rubalcaba matiza sus palabras.
En opinión del ministro del Interior, el Gobierno está dispuesto a "afinar" la redacción del artículo 48 del Código Penal relativa a la convivencia entre víctimas y asesinos. Recalcó, eso sí, que el caso De Juana está legislado por el Código Penal del franquismo que no alude a la convivencia entre terroristas y víctimas, por lo que la ley "hay que cumplirla".
Según recoge EFE, el citado artículo establece que "la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos".
Añade que la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares "impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos". También prohíbe al penado comunicarse con la víctima o con los familiares que determine el juez.
Por otro lado, y sobre las calles dedicadas a etarras, Rubalcaba enfatizó que en "poco tiempo", el que lleve el trámite judicial, "ni en Euskadi ni en Navarra habrá calles con nombres de etarras" porque el Estado ha instado los "correspondientes recursos administrativos".
De la Vega: "El Gobierno está dispuesto a barajar opciones"
En este sentido también se ha referido la vicepresidenta del Gobierno. María Teresa Fernández de la Vega ha asegurado que el Ejecutivo "está dispuesto a barajar" opciones, junto con "el resto de fuerzas políticas", para "evitar" que los terroristas puedan residir cerca de las víctimas del terrorismo o de sus familiares.
La representante del Ejecutivo central indicó que "De Juana es un delincuente, un asesino que una vez cumplida su pena saldrá de la cárcel en unas semanas". Afirmó que a ella "personalmente" no le gustaría que "sus víctimas y familias tuvieran que vivir cerca de él" cuando quede en libertad.
Apuntó, no obstante, que "la ley es la ley y garantiza a todos la libertad de elegir una cumplida la pena" su domicilio, pero subrayó su voluntad de "dejar claro" que "a los terroristas que están siendo juzgados por delitos cometidos a partir del año 1999, ya les está siendo aplicada la prohibición de residir contemplada en el artículo 48 del Código Penal", que legisla desde 1994 la convivencia de homicidas y terroristas con sus víctimas.
María Teresa Fernández de la Vega manifestó que "a partir de ahí", entiende que "el Gobierno está dispuesto a barajar otras opciones con el resto de fuerzas políticas para evitar que se den situaciones como ésta o similar", en alusión a la posibilidad de que De Juana pueda residir en San Sebastián cerca de víctimas del terrorismo.
Tras ello, sostuvo que "mientras tanto, es muy importante que sigamos todos juntos luchando contra el terrorismo", según dijo, "sin fisuras y sin reservas y permanentemente trabajando y protegiendo el honor y la dignidad de las víctimas". "No vamos a escatimar ningún esfuerzo en proteger ese honor y esa dignidad", resaltó.