L D (Agencias) En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el Gabinete Ibarretxe señaló que en el Consejo de Gobierno del próximo martes comenzarán a adoptar decisiones para personarse en el procedimiento abierto por el Tribunal Constitucional contra la Ley de Consulta y presentar alegaciones. En este sentido, solicitará que el alto Tribunal "anteponga los derechos fundamentales a la restricción de derechos, la razón jurídica a la razón política y la razón democrática a la 'razón de Estado'".
El Ejecutivo autónomo recibió ayer jueves la notificación del Tribunal Constitucional de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad, con solicitud de suspensión, presentado por Zapatero contra la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento vasco el pasado 27 de junio, y acusó al máximo representante del Gobierno central de ser "el único responsable" que se suspenda la norma.
"Rodríguez Zapatero es el único y exclusivo responsable de que una decisión legal, legítima y democráticamente adoptada por el Parlamento vasco hoy esté en suspenso, nada más y nada menos que una Ley para consultar a la ciudadanía vasca, lo que supone de hecho la suspensión de nuestro autogobierno político, del autogobierno contenido en el Estatuto de Guernica", destacó.
El Ejecutivo de Ibarretxe recuerdó que "la mera admisión a trámite del recurso por el Tribunal Constitucional produce la suspensión automática de dicha Ley en virtud de la sola solicitud del señor Rodríguez Zapatero, lo que así ocurre con efecto desde el pasado 15 de julio", según se le ha notificado.
En las providencias que el Ejecutivo de Ibarretxe ha recibido, el Constitucional ha aceptado la petición del Abogado del Estado de habilitar el mes de agosto para sustanciar su recuso "sin dar audiencia a las partes legitimadas para actuar en este caso".
Celeridad
El Gobierno vasco instó al Tribunal Constitucional "a obrar con celeridad", pero recordó que "el pleno ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva no puede llevarse a cabo con el menoscabo de la igualdad de condiciones en la capacidad de acción de las partes implicadas". "Éste es, sin duda, un hecho menor. No obstante, el Gobierno vasco espera que no sea un precedente de cómo afronta el Tribunal Constitucional el desarrollo del procedimiento jurisdiccional de esta causa", precisó.
A su juicio, "la, al menos, aparente celeridad con la que está actuando el TC en este asunto contrasta con la injustificada e injustificable dilación con la que esta misma instancia ha abordado cuestiones como el recurso de amparo presentado hace casi dos años por el lehendakari en relación a su procesamiento penal, a todas luces inconstitucional, 'fraude constitucional' en palabras del Tribunal Supremo en un caso análogo que afectaba al presidente español Rodríguez Zapatero", en referencia al encausamiento de Ibarretxe por reunirse con Batasuna-ETA.
Asimismo, subrayó "los más de 10 años que el Tribunal Constitucional lleva sin resolver el recurso presentado por otro Gobierno español, el del señor Aznar, contra otra Ley aprobada por el Parlamento vasco, la Ley del Deporte".
El Ejecutivo de Ibarretxe anunció que se personará, "como legalmente le corresponde", en el procedimiento abierto por el Tribunal Constitucional y presentará sus alegaciones dentro del plazo de 15 días establecido. El Consejo de Gobierno del próximo martes comenzará adoptará "decisiones en este sentido".
"Al Tribunal Constitucional se le plantea el dilema de que su trayectoria de protección de los derechos fundamentales se pueda ver empañada por cercenar el derecho fundamental de participación política de la ciudadanía vasca", indicó.
"Deterioro de la justicia"
En su opinión, "es de conocimiento general que el deterioro, el desgobierno y el desprestigio de la Administración de Justicia en España obedece, entre otras causas, a la politización de que ha sido objeto –y en ocasiones también sujeto activo– por parte de los dos grandes partidos del Estado, PSOE y PP, incluida la Justicia constitucional".
En esta línea, dijo que "basta como ejemplo la situación en que se encuentra el propio Tribunal Constitucional en su actual composición, que ha excedido con creces el periodo de su mandato, vulnerando así la propia Ley Orgánica que lo regula, como también sucede con lo preceptuado en dicha ley respecto a la designación de alguno de sus miembros a propuesta de las Comunidades Autónomas".
"Y para solucionar este deterioro, este desgobierno y este desprestigio se nos anuncia un nuevo pacto sobre Justicia como siempre a dos, entre dos, entre PSOE y PP, a abordar en la próxima e inminente reunión entre Rodríguez Zapatero y Rajoy", añadió.