L D (Agencias) Marlaska ha citado a declarar a partir del próximo mes de septiembre a 45 testigos relacionados con esta causa, entre los que se encuentra el actual jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el teniente general Félix Sanz Roldán, que ocupó este cargo a partir de junio de 2004.
En un auto notificado este martes en respuesta a dos recursos de reforma presentado por los familiares de las víctimas, el titular de Juzgado Central de Instrucción número 3 asegura que la reclamación de más testigos se ve abocada "al fracaso" porque en las citaciones "no se conforma ningún tipo de omisión".
En relación con los testigos solicitados por las defensas y no admitidos por el juez, entre los que se encontraban varios periodistas que cubrieron la información sobre el accidente, señala que se trata de "profesionales del periodismo con conocimientos no directos de los hechos sino fruto de investigaciones en el marco de su ejercicio laboral".
Según el instructor, las diligencias ya acordadas abarcan "la investigación del conjunto de hechos, de las conductas imputadas y responsabilidades en que hipotéticamente se hubiera podido incurrir".
Mandos militares
También declararán en la Audiencia Nacional mandos militares cuya imputación fue solicitada por las familias. Es el caso del ex teniente general jefe del Estado Mator del Ejército del Aire (JEMA), Eduardo González-Gallarza; el ex General de Brigada Jefe 2º del Estado Mayor del Mando Aéreo de Levante (GJMALEV 2º), Carlos Gómez Arruche; o el ex general de Brigada Jefe del Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones de la Fuerza de Maniobra (JEMALOG-OP) Luis Casteleiro.
Además, comparecerán en la Audiencia Nacional los ex jefes del Estado Mayor del Ejército, teniente general Alfonso Pardo de Santayana y Coloma y teniente general José Antonio González García; y el subdirector general de Control de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, Luis Rodríguez.
Comisiones rogatorias
Por otra parte, Grande-Marlarka ha solicitado mediante comisiones rogatorias internacionales 12 testimonios, tres de ellos en Luxemburgo, relacionados con la agencia intermediaria Namsa, de la OTAN; cuatro en Ucrania --los directivos de la compañía del Yakovlev, UM Air, y el subdirector general de Aviación Civil en este país-- y otros cuatro en Noruega, militares que intervinieron en las reclamaciones sobre el estado de seguridad Yak-42 siniestrado, y su posterior cancelación del contrato, meses antes del accidente.
El juez solicita también a los ministerios de Defensa y Fomento medio centenar de documentos que complementará con otros reclamados al Congreso de los Diputados y al Senado, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a varios medios de comunicación, entre ellos Europa Press. Mediante comisión rogatoria, también solicita pruebas a 11 países: Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Turquía, Ucrania, Kuwait, Turkmenistán, Afganistán, Kirguizistán, Canadá, y EE.UU.
Cinco imputados
Cinco imputados
El pasado 20 de mayo, el juez imputó indiciariamente al ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.
Los otros tres mandos militares que comparecieron en el Juzgado Central de Instrucción número 3 como imputados fueron el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
La causa sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42 se volvió a abrir en noviembre de 2007 después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigiera las actuaciones del juez Fernando Grande-Marlaska.
La causa sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42 se volvió a abrir en noviembre de 2007 después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigiera las actuaciones del juez Fernando Grande-Marlaska.
Desde ese momento comparecieron ante el magistrado el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que atribuyó la responsabilidad de la contratación al EMACON; su sucesor en el cargo, José Bono, que aseguró que las quejas llegaron al jefe de gabinete del ministro; y otros cinco mandos militares.
También testificaron en la Audiencia Nacional el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas, un perito aeronáutico propuesto por la acusación que atribuyó el accidente al cansancio de los pilotos, y un comandante que recibió un correo electrónico de un compañero fallecido en el accidente en el que le decía que el avión siniestrado había sido contratado a "piratas aéreos".
En abril pasado, la Sala de lo Penal también obligó al juez Grande-Marlaska a reabrir una segunda causa relativa a la identificación errónea de los cadáveres, que se encuentra en los trámites previos al juicio oral.