LD (Agencias) Los presidentes del PNV y EA, Iñigo Urkullu y Unai Ziarreta, respectivamente; la parlamentaria de EB Kontxi Bilbao y el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, entre otros, han presentado en Bilbao el contenido de la misiva, en la que piden que Rodríguez Zapatero solicite "inmediatamente" ante el TC la retirada de su "imposición" de suspensión de la Ley de Consulta.
Esta actuación conjunta en defensa de la ley aprobada por el Parlamento vasco se complementará, según ha anunciado Urkullu, con la presencia de las cuatro formaciones el próximo 6 de agosto ante el Constitucional para presentar alegaciones a los recursos presentados contra ella –por el Gobierno y el PP– "en el plazo" estipulado.
Esta actuación conjunta en defensa de la ley aprobada por el Parlamento vasco se complementará, según ha anunciado Urkullu, con la presencia de las cuatro formaciones el próximo 6 de agosto ante el Constitucional para presentar alegaciones a los recursos presentados contra ella –por el Gobierno y el PP– "en el plazo" estipulado.
Zapatero, "el único y exclusivo responsable"
Las cuatro formaciones vascas consideran que Rodríguez Zapatero es "el único y exclusivo responsable" de la suspensión de la Ley y de "la prohibición de una consulta popular a la ciudadanía vasca por sus representantes políticos".
En el texto, insisten en la necesidad de que la ciudadanía vasca "dé su opinión y nos oriente" sobre la paz y la normalización política, que están "bloqueados en la actualidad". "Necesitamos imperiosamente conocer si la ciudadanía que nos eligió apoya un final dialogado de la violencia, si podemos constatar previamente que la organización terrorista ETA abandona para siempre su actividad delictiva", así como si apoya la apertura de un proceso de negociación entre todas las fuerzas políticas vascas para "establecer un acuerdo democrático en base al ejercicio de nuestro derecho de decisión", afirman.
Las formaciones que integran el Gobierno vasco y Aralar denuncian que Rodríguez Zapatero "ha provocado unilateralmente" la suspensión de una Ley que insta "la realización de una actuación de democracia directa". De esta manera, denuncian "cómo el legislador estatal, con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, puso en manos del presidente del Gobierno español un instrumento que permite la suspensión discrecional de la eficacia de las Leyes autonómicas, sin que tal previsión estuviera contemplada en la Constitución".
Por ello, censuran que esta medida "no fue fruto de ningún compromiso sellado por las fuerzas políticas en el proceso constituyente, sino el fruto del acuerdo político entre los dos partidos, PSOE-PP, que hoy aparecen como las dos únicas fuerzas políticas legitimadas para designar a los magistrados que forman el Tribunal Constitucional e incluso como las dos únicas fuerzas políticas legitimadas para discutir en el Tribunal Constitucional las Leyes vascas".