LD (Europa Press) En concreto, el incremento salarial previsto estará en línea con lo acordado entre la Administración General del Estado y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SAP en el marco de la mesa general de negociación de las administraciones públicas, reunida en septiembre de 2006, por lo que desde Economía se asegura que los salarios de los funcionarios “crecerán lo mismo que en los años anteriores”.
A pesar de la subida, la evolución de los precios lastrará el poder adquisitivo de los empleados públicos, ya que la inflación está desbocada y, casi la práctica totalidad de analistas estima que el IPC cerrará 2008 por encima del citado 3 por ciento. En la actualidad la inflación alcanza el 5,3 por ciento, la mayor en 16 años, según el indicador adelantado que elabora la oficina estadística comunitaria (Eurostat).
En este sentido, el incremento salarial partirá del 2 por ciento, al que se sumará el complemento específico a las pagas extraordinarias y las aportaciones al fondo de pensiones de los funcionarios. En total la subida superará el 3 por ciento.
Esta medida afectará a casi 2,6 millones de empleados públicos que trabajan para la Administración Central, Autonómica y Local. Por lo tanto, el Ministerio de Economía rechaza que los funcionarios vayan a ser los primeros en sufrir la crisis en sus salarios. Eso sí, el Ejecutivo reducirá los puestos de trabajo públicos: la Oferta Pública de Empleo de 2009 será un 30 por ciento inferior a la convocada para 2008, cuando se fijó en 35.895 plazas.
A pesar de todo ello, el Gobierno sigue insistiendo en la “austeridad” de los PGE para 2009, que contemplarán un incremento del gasto público superior al 4,5 por ciento, lo que generará un déficit presupuestario de 3.865 millones de euros, el 0,34 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y sólo a seis décimas del límite que establece la Ley de Estabilidad cuando la economía crece menos del 2 por ciento.
Congelar sueldos para entrar en el euro
El debate sobre el salario de los funcionarios no es nuevo. Ya en 2006, el Gobierno que presidía José María Aznar recurrió a la congelación de los sueldos de los empleados públicos para poder cumplir con los criterios de convergencia y entrar así en la moneda única. Los responsables públicos suelen acudir a esta vía para demostrar a los ciudadanos que los primeros que se aprietan el cinturón son los empleados de la administración.