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El fraude fiscal y de la Seguridad Social supera ya el 23 por ciento del PIB

Hacienda somos todos, pero unos más que otros. Los defraudadores tienen carta blanca en España, a pesar del plan lanzado por el Ministerio de Economía y Hacienda, una iniciativa que, a tenor de las cifras de la Agencia Tributaria (AEAT) es un rotundo fracaso. Así lo atestiguan los técnicos de Hacienda, que admiten la existencia de una bolsa de fraude que ronda los 240.000 millones de euros en España –tanto fiscal como a la Seguridad Social-, que supera el 23 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

El 39% lo considera una conducta generalizada
Hacienda somos todos, pero unos más que otros. Los defraudadores tienen carta blanca en España, a pesar del plan lanzado por el Ministerio de Economía y Hacienda, una iniciativa que, a tenor de las cifras de la Agencia Tributaria (AEAT) es un rotundo fracaso. Así lo atestiguan los técnicos de Hacienda, que admiten la existencia de una bolsa de fraude que ronda los 240.000 millones de euros en España –tanto fiscal como a la Seguridad Social-, que supera el 23 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
(Libertad Digital) Según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la Ley de Prevención del Fraude Fiscal impulsada por el Gobierno no se puede cumplir, ya que no existen suficientes recursos que garanticen su puesta en marcha con eficacia. España ha sido uno de los países más afectados por el fraude tributario de Europa en los últimos años, liderando, junto con Grecia e Italia, la economía sumergida comunitaria.
 
De hecho, según los datos del Instituto de Estudios Fiscales, el peso de la bolsa de fraude sobre el PIB habría crecido en dos puntos porcentuales desde 2004, cuando el porcentaje del dinero sin declarar rondaba el 21 por ciento del volumen total de bienes y servicios producidos en España.
 
Los técnicos de Hacienda acusan al Ejecutivo de “no articular las medidas oportunas para asegurar la adecuación de la actividad desarrollada por los técnicos con el desarrollo de las funciones encomendadas” en la Ley de Prevención del Fraude Fiscal.
 
En concreto, se trata de la disposición cuarta de la norma, que establece que “los órganos competentes deberán elaborar un plan operativo de recursos humanos” en el que se adecue el contenido y características de los puestos de trabajo a las especiales condiciones de su desempeño, teniendo en cuenta, entre otros extremos, la complejidad y dificultad de las tareas asignadas, la preparación técnica exigida y la responsabilidad inherente a su ejercicio.
 
Formar para vigilar
 
Pues bien, Gestha considera indispensable la creación de un nuevo Cuerpo Superior que “reconozca la función realizada por los técnicos desde hace años en el control aduanero y tributario, así como en lo referente al control del gasto público y a las subvenciones”, cuya vigilancia brilla por su ausencia.
 
También es necesario que los empleados tengan la suficiente formación para poder detectar hechos delictivos en materia de blanqueo de capitales y en la detección de la economía sumergida.
 
Los técnicos estiman que con esta habilitación profesional y un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea a Quince, hasta el 13 por ciento del PIB.
 
Esto significaría aflorar casi 90.000 millones de euros y recaudar -vía impuestos y cuotas de la Seguridad Social- casi 38.000 millones de euros adicionales que permitirían incrementar una caja estatal que se está vaciando a marchas forzadas por las pretensiones de gasto del Ejecutivo.
 
Diferencias salariales
 
Pero la escasez de efectivos y la falta de planes que desarrollen el plan antifraude del Gobierno no son los únicos factores que obstaculizan la lucha contra los estafadores, sino que existe otro factor que facilita el fraude. Se trata de las diferencias territoriales en las condiciones de trabajo de los técnicos de Hacienda, que encuentran en el salario su máximo exponente.
 
Así, los técnicos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) cobran 766 euros menos al mes que sus colegas empleados en las consejerías y servicios tributarios de las comunidades autónomas.
 
Los funcionarios tributarios mejor pagados se encuentran en Navarra, con un salario 3.755 euros superior al de sus homólogos estatales, seguidos de aquellos localizados en las diputaciones forales de Guipúzcoa y Álava, con unos honorarios de 1.795 y 1.691 euros más mensuales, respectivamente.
 
Asimismo, los técnicos de Hacienda de Ceuta se encuentran entre los mejor remunerados, ya que perciben 1.194 euros mensuales más que sus compañeros estatales, seguidos de los catalanes, con 1.082 euros más al mes, y aquellos que desarrollan su actividad en la diputación foral de Vizcaya, con una media de 961 euros más al mes.
 
Los técnicos tributarios y de auditoría autonómicos peor pagados son los extremeños, con un sueldo 100 euros inferior a los estatales, seguidos de los castellano-leoneses y murcianos, que perciben una remuneración mensual de 80 y 41 euros menos, respectivamente.
 
Grandes fortunas
 
Según los cálculos del Gestha, elaborados cruzando los datos de los tramos de la base imponible del Impuesto de Patrimonio con los datos de la banca privada:

-Alrededor del 86 por ciento de los que tienen fortunas con más de diez millones de euros evaden sus obligaciones fiscales.

-El 18 por ciento de los que tienen entre medio millón y un millón de euros defrauda actualmente a la Hacienda Pública.

-El 45 por ciento de los que tienen entre uno y diez millones de euros elude el fisco.

-Las mayores bolsas de evasión fiscal se encuentran en el capital mobiliario e inmuebles, que representan el 93 por ciento de todos los bienes y derechos declarados.

-En España está la cuarta parte de los billetes de 500 euros de la zona euro.
 
 

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