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Autoridades mexicanas acuerdan 75 medidas urgentes para frenar el narco

El presidente de México, Felipe Calderón, los gobernadores de 32 estados del país, el Congreso, el poder judicial y representantes sociales aprobaron por unanimidad en una inédita reunión un acuerdo nacional de 75 compromisos para combatir la delincuencia organizada. Las medidas más destacadas se refieren a la urgente depuración de policías e instituciones de justicia, además de la creación de unidades estatales de combate al secuestro. El problema de inseguridad es tan grave que durante 2008 se han registrado 2.774 asesinatos, un 64 por ciento más que en 2007.

El presidente de México, Felipe Calderón, los gobernadores de 32 estados del país, el Congreso, el poder judicial y representantes sociales aprobaron por unanimidad en una inédita reunión un acuerdo nacional de 75 compromisos para combatir la delincuencia organizada. Las medidas más destacadas se refieren a la urgente depuración de policías e instituciones de justicia, además de la creación de unidades estatales de combate al secuestro. El problema de inseguridad es tan grave que durante 2008 se han registrado 2.774 asesinatos, un 64 por ciento más que en 2007.
LD (EFE) El "Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad", firmado este jueves en México en una inédita reunión a la que asistieron el presidente Felipe Calderón, los 32 gobernadores, el Congreso, el poder judicial y diversos sectores de la sociedad, incluye compromisos como la depuración de las policías y los órganos de justicia, la creación de penales de alta seguridad, el seguimiento del gasto en materia de seguridad, el registro de teléfonos celulares y la promoción de la cultura de la legalidad.
 
El encuentro de tres horas de las autoridades, realizado en el Palacio Nacional, reunió por primera vez en la historia del Consejo Nacional de Seguridad Pública, creado en 1995, a todos los integrantes de este órgano, convocados por la indignación social ante la ola de violencia que azota al país. En lo que va de este año, de acuerdo a reportes extraoficiales, el crimen organizado se ha cobrado la vida de 2.774 personas, setenta y cuatro más de las reportadas en todo 2007. El detonador de esta reunión fue el secuestro y muerte del adolescente Fernando Martí, cuyo cuerpo abandonado en la capital mexicana fue hallado a finales de julio pasado.
 
Los setenta y cinco puntos acordados comprometen a todos los órganos de gobiernos desde el Ejecutivo federal hasta los alcaldes, al poder judicial, al Congreso, a las empresas, a los medios de comunicación y los organizaciones civiles y religiosas. En ellos se establecen plazos de ejecución que van de un par de meses a tres años.
 
Los puntos más destacados son la depuración de policías e instituciones de justicia, la creación de un modelo nacional de evaluación y control de confianza. Además, la creación de unidades estatales de combate al secuestro, fortalecimiento de la estrategia contra el lavado de dinero y de las redes de atención a víctimas de delitos del crimen organizado así como a los centros de atención a personas con adicciones. También la creación de una base de datos de telefonía celular y fija, refuerzo del sistema de denuncia contra la corrupción.
 
El pacto también incluye la ampliación de la infraestructura tecnológica para mejorar la comunicación entre instituciones que combaten al crimen organizado, y promoción de campañas de fomento de la cultura de la legalidad. Además, el fortalecimiento de espacios públicos, en particular el rescate de mil terrenos abandonados en zonas de las urbes con mayor índice delictivo.
 
También se propone un observatorio ciudadano plural que vigile los compromisos de las autoridades, reglamentar que se impida la liberación anticipada a delincuentes que hayan cometido secuestro. El poder judicial, por su parte, se comprometió a crear nuevos juzgados y tribunales federales, agilizar los procesos penales y acelerar las peticiones de las autoridades para que los jueces otorguen órdenes de cateo y detención preventiva.

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