(Libertad Digital) A la presentación de la memoria de la Abogacía del Estado, dependiente de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia, asistieron, además del ministro, el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají.
La memoria destaca la actuación de la Abogacía del Estado en causas penales como el 11-M o el ácido bórico. En el caso del 11-M cabe resaltar que la mayoría de los encausados fueron absueltos o han visto reducidas sus condenas. Además, no se ha logrado determinar la autoría intelectual de los atentados. El Supremo mantuvo la absolución de El Egipcio, presentado como el cerebro de la masacre de Madrid y terminó por desvincular los atentados de Al Qaeda.
Y en el caso del ácido bórico, la Abogacía del Estado fue apartada del caso por la Audiencia Provincial de Madrid debido a que no había “ninguna apoyatura legal que permita su intervención”. "Está en una situación ambigua, por lo que a la Sala sólo le queda una opción y es que la Abogacía del Estado no pueda intervenir en el proceso", dijo el tribunal. La Abogacía del Estado fue considerada como acusación particular pese a que no presentó cargos contra ninguno de los cuatro imputados, hecho que fue impugnado por las acusaciones populares.
Curiosamente, otra de las causas en las que se personó la Abogacía del Estado y que considera un éxito es en la anulación de candidaturas de ANV en el País Vasco. “Por su especialidad y relevancia política y mediática, cabe destacar que ante esta sala, la AdE ha defendido los intereses del Estado en la tramitación del proceso de ilegalización de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok; en la anulación de la proclamación de las candidaturas del partido Acción Nacionalista Vasca, sucesoras de Batasuna en las elecciones municipales y autonómicas de 2007; y en las incidencias relativas a la liquidación de las llamadas Herriko Tabernas.
La Abogacía del Estado tan sólo pidió a la Sala del 61 del Tribunal Supremo la anulación de 122 de las listas electorales que presentó en las comunidades vasca y navarra la franquicia electoral de ETA, pese a que la gran mayoría de las listas proetarras estaban contaminadas y había pruebas evidentes para pedir su anulación en cadena. De hecho, fruto de ese trabajo a medias de la Abogacía del Estado, los proetarras gobiernan en más de cuarenta localidades de País Vasco y Navarra.