(Libertad Digital) MARGARITA ROBLES. La magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior con el biministro Santiago Belloch, recibió en el año 1999 el premio Amigo de los Vascos, otorgado por la Fundación Sabino Arana. El letrado, Txema Montero, miembro de la fundación destacó entonces de la magistrada que “tuvo todo el arsenal represivo en su mano pero se dio cuenta que desde ahí no se podía solucionar el problema vasco”. La fundación valoró, a la hora de concederle el premio, que “una mujer que ha estado en esta situación y ha tenido esta experiencia se decida por el camino de resolución política del conflicto vasco”. Es más, llegó a decir de la número dos de Interior con Juan Alberto Belloch que “sería la única española bien vista como consejero de Interior del Gobierno vasco”.
Ya en la página web de la fundación se señala que el galardón se le otorga a “sus denodados esfuerzos por comprender la realidad de Euskal Herria e intentar hacer posible un proceso de normalización y pacificación en Euskadi desde el Foro de Madrid. Sus frecuentes colaboraciones en la tribuna de debate y reflexión de la Fundación y su defensa de los derechos y de las posibilidades políticas de los vascos, le hacen acreedora al calificativo de Amiga de los vascos”.
En 2005, un año antes de que ETA declarara el “alto el fuego permanente”, Margarita Robles declaró que La Ley de Partidos "ya no tiene sentido" y abogó por evitar exclusiones en próximas elecciones, en relación a la ilegalizada Batasuna.
FELIX AZON VILAS, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria. Fue firmante del manifiesto “Abogados en defensa de la paz y el Derecho” bajo el lema “No a la guerra, no en nuestro nombre”. El escrito fue promovido por el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Félix Azón aparece en el capítulo de “ex colegiados”
INMACULADA MONTALBAN HUERTAS, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pertenece a Jueces para la Democracia) Firme defensora de la discriminación positiva.
MIGUEL CARMONA RUANO, presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla. Pertenece a Jueces para la Democracia. Su visión más acorde con la izquierda se refleja en su opinión, expresada en un artículo titulado: 11S: el impacto jurídico, publicado tan sólo un año después de los ataques terroristas en el que prima la respuesta de EE.UU en su guerra contra el terrorismo sobre los propios ataques. La tesis es conocida: la primera potencia mundial ve vía libre para conculcar derechos con la excusa de la seguridad.
- (…) cabe preguntarse, como ya se está haciendo, hasta qué punto los atentados no sólo produjeron la demolición brutal de edificios simbólicos, sino que las Torres Gemelas puedan estar arrastrando en su caída principios centrales de nuestra cultura jurídica (…) El análisis de estas normas tendría que comenzar por la indagación de hasta qué punto el 11S significó un punto de ruptura o simplemente propició la acentuación de tendencias ya presentes con anterioridad, al calor de esa necesidad emocional de respuesta generada por los atentados. (…) Y hasta qué punto esta respuesta política y jurídica (en la medida en que la política se expresa a través de normas jurídicas) puede constituir -o está constituyendo ya- una amenaza para los derechos fundamentales y libertades tan trabajosamente conquistadas a lo largo de siglos.
MANUEL TORRES VELA, presidente de la Sección IV de la Audiencia de Málaga. Perteneciente a la Asociación Francisco de Vitoria. Fue investigado por el CGPJ por su posible implicación en la “operación Malaya”, en concreto su nombre apareció en la pieza separada sobre los regalos ofrecidos por una promotora investigada en esta operación: Aifos. Finalmente, el órgano de gobierno de los jueces decidió archivar el caso ya que, si bien su nombre apareció en una lista de regalos valorados en más de 60.000 euros que la Policía intervino a Aifos, Manuel Torres Vela alegó que la invitación a un hotel de Marbella fue a título personal –y no por su condición de magistrado– con motivo de su relación de parentesco con el director de Asesoría Jurídica de Aifos, Manuel Torres Ojeda “tiempo antes de que diese comienzo el llamado caso Malaya”, según precisó él mismo.
En concreto su regalo consistía, según el archivo llamado "lista compilada para Guadalpín, en alojamiento más desayuno en el hotel del mismo nombre, más un regalo de circuito de hidroterapia, masaje anti-estrés y tratamiento facial. El inspector del CGPJ concluyó que los hechos no respondían a "ninguna de las conductas incluidas en la ley como suceptibles de sanción disciplinaria", por lo que, "salvo superior criterio", concluyó que la investigación debía ser archivada.
Su hermano, Javier Torres Vela, fue candidato del PSOE a la alcaldía de Granada y ex presidente del Parlamento andaluz aunque dimitió de su cargo el pasado mes de mayo, tras los malos resultados obtenidos por los socialistas en las elecciones municipales. Su nombre estuvo envuelto en polémica, después de que se descubriera que la convocatoria de un botellón en Granada, en vísperas de los comicios, procedía de una sede del PSOE.
GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO, fiscal y presidenta del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Parte de la idea de que la prisión no es el instrumento principal contra la criminalidad. Lo dijo en una entrevista en la revista de Jueces para la Democracia:
- El nivel de desarrollo e igualdad social de un país se demuestra por su capacidad de resolver conflictos sociales con el menor uso de los instrumentos coactivos.
También expresó su visión sobre la investigación del 11-M por parte de los medios que no se conformaron con la versión oficial.
- Ha sido lamentable el espectáculo auspiciado por determinados medios de comunicación montando un juicio paralelo, en su afán desmedido de servir intereses partidistas y de criticar y poner en tela de juicio toda la labor judicial desarrollada con el máximo esfuerzo y garantías desde el mismo momento del atentado. Estas actitudes orquestadas a la par por algunos medios de comunicación y determinado sector político, constituyen no solo una falta de respeto a nuestras instituciones consagradas en la Constitución, con el fin de sembrar crispación y desánimo en los ciudadanos, sino, lo que es mucho más grave, una falta de respeto hacia las víctimas del mayor atentado de nuestra historia.