L D (EFE) Según las mismas fuentes, el magistrado Grande Marlaska ha adoptado esta decisión tras tomar declaración a estos seis directivos durante toda la tarde de este lunes en sustitución de su compañero Santiago Pedraz, encargado de este caso y que se encuentra en Washington en unas jornadas sobre terrorismo.
El juez ha determinado también para Tabarot y Fernández la obligación de presentarse todos los lunes ante el juzgado más próximo a su domicilio así como la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comunicar cualquier cambio de residencia.
Asimismo decreta la "libertad provisional" para los directivos José Antonio Quesada Cordón, Luis César Dávalos Coronati, Sonsoles Sánchez Albiñana y Germán Piñeiro Vázquez que deberán comparecer cuando sean citados y que tendrán también que notificar cualquier cambio de domicilio.
Para el juez los delitos cometidos por los directivos de Riviera Coast Invest tienen la consideración "por el momento" de "delito continuado de apropiación indebida con especial gravedad al haber dedicado una cantidad aproximada de siete millones de euros a fines distintos a su objeto legítimo" de cancelar hipotecas que pesaban sobre inmuebles adquiridos por terceros. Aún considerando la "gravedad de los hechos imputados, la cantidad distraída de su fin legítimo, manifestada en una actitud torticera y penalmente relevante" el juez determina la prisión provisional eludible bajo fianza "sin perjuicio de lo que pueda resultar del desarrollo de la instrucción".
Según el auto judicial "no puede sostenerse con la necesaria seriedad la existencia del engaño precedente a la inversión" ya que "no consta un pago complementario" por la utilización de los fondos económicos de la sociedad y "la creación de un riesgo complementario y no pactado a la inversión de terceros de buena fe".
Las detenciones de los directivos de Riviera Coast Invest se produjeron el miércoles pasado, cuando se disponían a tomar un avión privado en dirección a Marruecos. La investigación partió de una denuncia de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía, que considera que la promotora, que construía apartamentos y los vendía a particulares con el compromiso de alquilarlos a estudiantes y jubilados, funciona como una especie de "chiringuito inmobiliario".